Continuidad Educativa y Protección Alimentaria en estudiantes universitarios: un Estudio desde la Legislación Ecuatoriana y la Realidad de la Universidad Técnica de Machala
Educational Continuity and Food Security for University Students: A Study Based on Ecuadorian Legislation and the Reality at the Technical University of Machala
Carolina Judith Ugarte Lambert1, Mariel del Cisne Ortega Añazco2 y William Gabriel Orellana Izurieta3
1Universidad Técnica de Machala, cugarte2@utmachala.edu.ec, https://orcid.org/0000-0003-3593-2054, Ecuador
2Universidad Técnica de Machala, mortega14@utmachala.edu.ec, https://orcid.org/0009-0005-2685-1799, Ecuador
3Universidad Técnica de Machala, worellana@utmachala.edu.ec, https://orcid.org/0000-0001-8441-3686, Ecuador
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Información del Artículo |
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RESUMEN |
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Trazabilidad: Recibido 20-06-2026 Revisado 24-06-2026 Aceptado 24-07-2026
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La presente investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia de la limitación legal de la obligación alimentaria hasta los 21 años en la continuidad educativa de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala durante el período 2025-2026, con la finalidad de fundamentar una propuesta de reforma que extienda este derecho hasta los 22 años. La metodología se desarrolló bajo un enfoque mixto, con un diseño no experimental, de corte transversal y alcance descriptivo-propositivo. Se aplicaron los métodos analítico y descriptivo para examinar la normativa jurídica vigente y caracterizar la situación socioeconómica de los estudiantes universitarios. La población estuvo conformada por 4128 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, identificándose mediante una pregunta filtro una población objetivo de 458 estudiantes entre 18 y 22 años, quienes participaron en el estudio bajo un enfoque censal. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario estructurado de 12 preguntas con escala Likert, validado por dos expertos y con una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0,92. Según los resultados la mayor parte de estudiantes mantiene dependencia económica familiar para continuar sus estudios, además se determinó que los gastos universitarios afectan la estabilidad económica de los estudiantes y que la pérdida de la pensión alimenticia al cumplir los 21 años puede dificultar la culminación de la carrera universitaria. No obstante, la mayoría de los participantes manifestó estar de acuerdo con la extensión de la obligación alimentaria hasta los 22 años. |
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Palabras Clave: Obligación alimentaria Continuidad educativa Educación Protección jurídica |
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Keywords: Child support obligation Educational continuity Education Legal protection |
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ABSTRACT This research aimed to analyze the impact of the legal limitation of child support obligations until age 21 on the educational continuity of students at the Technical University of Machala during the 2025-2026 period, with the goal of developing a reform proposal to extend this right to age 22. The methodology employed a mixed-methods approach, with a non-experimental, cross-sectional, and descriptive-propositive design. Analytical and descriptive methods were used to examine current legal regulations and characterize the socioeconomic situation of university students. The population consisted of 4,128 students from the Faculty of Social Sciences at the Technical University of Machala. A filter question identified a target population of 458 students between 18 and 22 years of age, who participated in the study using a census approach. The data collection technique was a survey, and the instrument was a structured questionnaire with 12 Likert-scale questions, validated by two experts and with a Cronbach's alpha reliability coefficient of 0.92. According to the results, most students remain financially dependent on their families to continue their studies. Furthermore, it was determined that university expenses affect students' economic stability and that the loss of child support payments upon reaching age 21 can hinder the completion of their university studies. However, the majority of participants expressed their agreement with extending the child support obligation until age 22.
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INTRODUCCIÓN
En el contexto jurídico ecuatoriano, el derecho de alimentos se configura como una garantía fundamental para la subsistencia y el desarrollo integral de los beneficiarios, amparado en los artículos 44 y 69 de la Constitución de la República (En adelante CCE), que establecen la obligación prioritaria del Estado, la sociedad y la familia de asegurar las condiciones para el desarrollo de los jóvenes (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). Si bien la normativa vigente extiende el beneficio alimentario más allá de la mayoría de edad bajo la condición de que el titular se encuentre cursando estudios, esta disposición ha quedado rezagada frente a la realidad socioeducativa actual, donde la formación profesional demanda un periodo más extenso (Ruiz y Córdova, 2025).
La problemática radica en la disonancia entre la edad límite para percibir alimentos y la duración real de la formación universitaria. Los planes de estudio, sumados a los procesos de titulación y prácticas, extienden la carrera más allá del umbral protegido por la ley, generando un vacío de protección justo en la etapa final de los estudios (Ramírez y Sánchez, 2022). Esto crea una situación de vulnerabilidad económica que pone en riesgo la permanencia académica, pues el derecho de alimentos no solo cubre la nutrición, sino también rubros esenciales como educación, transporte y vivienda, necesarios para una vida digna (García, 2022; Pineda, 2023).
Al extinguirse la pensión antes de la titulación, se fuerza al estudiante a buscar sustento económico en detrimento de su tiempo de estudio. Esta falta de recursos es un factor determinante que afecta la continuidad educativa, entendida no solo como la asistencia, sino como la capacidad de completar la trayectoria académica sin interrupciones forzadas por carencias materiales (Zambrano et al., 2021).
La insuficiencia del techo etario actual para la pensión alimenticia en universitarios evidencia una brecha entre la norma y la realidad social. Aunque la doctrina reconoce que la independencia económica no se logra automáticamente por cumplir una edad, sino mediante la profesionalización (Cerda, 2024), los operadores de justicia se ven limitados por la falta de una normativa explícita que extienda la obligación hasta los 22 años o la culminación de estudios.
En la Universidad Técnica de Machala, esta limitación se traduce en barreras tangibles. La dependencia económica de los estudiantes jóvenes es alta y el retiro del apoyo familiar impacta en el desempeño y la permanencia (Rodríguez, 2023). La gestión de riesgos para garantizar la continuidad educativa implica asegurar los recursos financieros; sin ellos, aumenta la deserción o el rezago académico (Chenche et al., 2024).
La falta de criterios unificados y la ausencia de una reforma que amplíe la cobertura alimentaria hasta los 22 años vulnera el principio de igualdad y el derecho a la educación de quienes, por falta de recursos, no pueden costear su último año de carrera (López y Calle, 2022). Por tanto, es imperativo analizar jurídicamente esta extensión para alinear la legislación con las necesidades reales de formación de la juventud ecuatoriana.
El presente estudio cobra relevancia social dado que una gran parte de la población universitaria en Ecuador depende económicamente de sus familias para culminar su educación superior. Si bien la normativa actual extiende la obligación alimentaria hasta los 21 años para quienes cursan estudios, esta protección resulta a menudo insuficiente frente a la duración real de las mallas curriculares y los procesos de titulación. Al extinguirse el derecho a los 21 años, muchos estudiantes se enfrentan a un escenario de desprotección justo en la etapa final de su carrera, encarando dificultades para cubrir gastos de manutención, transporte y materiales, lo cual incrementa el riesgo de deserción o rezago académico.
Desde el punto de vista teórico, la investigación aporta al debate jurídico sobre el principio de realidad y la progresividad de los derechos en el Derecho de Familia. Permite revisar críticamente si el límite etario actual (21 años) responde efectivamente al mandato constitucional de garantizar el desarrollo integral y la educación de los jóvenes, analizando doctrinas y jurisprudencia que evidencian los vacíos de protección existentes para el adulto joven en formación.
En el ámbito práctico, este estudio ofrece una propuesta concreta y viable, esto es, la extensión de la obligación alimentaria hasta los 22 años. Los resultados servirán de insumo para legisladores, jueces y abogados litigantes al momento de argumentar la necesidad de continuar el apoyo económico en casos donde la titulación está próxima. Además, beneficia directamente a la comunidad universitaria y a las familias, al promover mecanismos que aseguren la estabilidad académica y reduzcan la deserción por causas económicas en la Universidad Técnica de Machala.
El objetivo general es analizar la incidencia de la limitación legal de la obligación alimentaria, hasta los 21 años, en la continuidad educativa de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala durante el periodo 2025-2026, con el fin de fundamentar jurídicamente una propuesta de reforma que extienda este derecho hasta los 22 años; mientras que los objetivos específicos son diagnosticar la situación socioeconómica de los estudiantes que se encuentran próximos a cumplir o han superado los 21 años, identificando las dificultades que enfrentan para sostener sus estudios ante la extinción de la pensión alimenticia; determinar la relación jurídica y fáctica entre la cesación de la pensión alimenticia a los 21 años y la interrupción o deserción en la trayectoria educativa, evaluando cómo la falta de recursos afecta la culminación de la carrera universitaria; y fundamentar una propuesta de reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia que extienda la obligación alimentaria hasta los 22 años, sustentada en principios constitucionales de solidaridad familiar y el derecho a la educación, para garantizar la profesionalización plena del alimentario.
Por consiguiente, la revisión de la literatura analiza los principales fundamentos jurídicos y doctrinarios relacionados con el derecho de alimentos y la continuidad educativa en el contexto ecuatoriano. Para ello, se examinan las disposiciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código de la Niñez y Adolescencia, así como diversos aportes teóricos que permiten comprender la relación entre la obligación alimentaria y el acceso a la educación superior. Este análisis constituye la base conceptual para el desarrollo de la presente investigación.
El derecho de alimentos constituye una garantía jurídica destinada a asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de una persona que, por su condición de dependencia económica, requiere el apoyo de otra para su subsistencia y desarrollo integral (Romero y Merchan, 2023). Además, comprende la provisión de comida y aspectos relacionados con la salud, educación, vivienda, vestuario, recreación y demás elementos para una vida digna. Este derecho tiene carácter irrenunciable, intransferible e imprescriptible, por lo que el Estado reconoce su importancia para garantizar el bienestar y el desarrollo de quienes son beneficiarios de la obligación alimentaria (Lara et al., 2024).
Según los principios, el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes es un eje del sistema jurídico ecuatoriano y orienta todas las decisiones que puedan afectar a sus derechos. El principio exige que el Estado, la familia y la sociedad adopten medidas que garanticen prioritariamente su desarrollo integral, bienestar y protección (Moreno y Clavache, 2024). En materia alimentaria, este principio respalda la necesidad de asegurar condiciones adecuadas para el acceso a la educación, salud y demás derechos indispensables para el crecimiento y formación de la persona beneficiaria, privilegiando siempre su interés por encima de cualquier otra consideración.
El Art. Innumerado 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (2024) establece que tienen derecho a reclamar alimentos los niños, niñas y adolescentes no emancipados. Asimismo, la norma reconoce este derecho a las personas mayores de 18 años y hasta los 21 años de edad que se encuentren cursando estudios de cualquier nivel educativo que les impidan o dificulten dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes para su subsistencia. Esta disposición busca garantizar la protección económica necesaria para que los beneficiarios puedan continuar el proceso formativo y ejercer plenamente su derecho a la educación.
Según la Protección prioritaria de niños, niñas y adolescentes, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos. Por consiguiente, el artículo 69 reconoce la responsabilidad de madres y padres en el cuidado, crianza, educación, alimentación y desarrollo integral de sus hijos e hijas. Esta disposición fortalece el principio de corresponsabilidad familiar y establece la obligación de brindar el apoyo necesario para satisfacer las necesidades fundamentales de los miembros del núcleo familiar.
El principio de progresividad de los derechos sostiene que las garantías reconocidas por el ordenamiento jurídico deben avanzar de manera constante para responder a las necesidades cambiantes de la sociedad. Bajo esta perspectiva, la protección de los derechos no debe permanecer estática, sino adaptarse a las nuevas realidades económicas, sociales y educativas que enfrentan las personas (López, 2025). En el ámbito de la obligación alimentaria, este principio permite analizar si los límites actualmente establecidos por la ley continúan siendo suficientes para asegurar el acceso y la permanencia en la educación superior de los estudiantes que aún dependen económicamente de sus familias (Solorzano, 2024).
La solidaridad familiar es un principio que promueve la ayuda mutua, cooperación y responsabilidad entre los miembros de una familia. Este principio se fundamenta en el deber de brindar apoyo a quienes se encuentran en una situación de necesidad o dependencia, cuando requieren recursos para satisfacer necesidades básicas y alcanzar su desarrollo integral (Morillo, 2024). En este sentido, la obligación alimentaria representa una manifestación concreta de la solidaridad familiar, al garantizar que los integrantes del núcleo familiar contribuyan al bienestar y formación de quienes aún no pueden sostenerse por sí mismos.
Los estudiantes universitarios que se encuentran entre los 21 y 22 años suelen atravesar una etapa de transición hacia la vida profesional, caracterizada por la dedicación a actividades académicas que limitan sus posibilidades de incorporarse plenamente al mercado laboral. Durante este periodo, muchos continúan dependiendo económicamente de sus familias para cubrir gastos relacionados con matrícula, transporte, alimentación, materiales de estudio y acceso a recursos tecnológicos.
El derecho a la educación es una garantía fundamental la cual asegura que todas las personas puedan acceder, permanecer y culminar su proceso formativo en igualdad de condiciones. Este derecho tiene como finalidad promover el desarrollo integral del individuo, fortaleciendo sus capacidades intelectuales, sociales y profesionales. Además, la educación constituye una herramienta indispensable para mejorar la calidad de vida y favorecer la participación activa de las personas dentro de la sociedad (Román et al., 2025).
La continuidad educativa es la permanencia de los estudiantes dentro del sistema de enseñanza hasta la culminación de sus estudios. Este proceso implica contar con las condiciones necesarias para avanzar de manera regular en la trayectoria académica, superando los distintos niveles educativos. Además, puede verse afectada por diversos factores que dificultan la permanencia de los estudiantes en las instituciones de educación superior. Entre los principales se encuentran las limitaciones económicas, los problemas familiares, las obligaciones laborales y las dificultades académicas. Estas situaciones pueden generar retrasos en el proceso formativo o incluso provocar el abandono de los estudios. Por ello, resulta importante identificar los elementos que influyen en la permanencia estudiantil para diseñar estrategias que favorezcan la culminación de la formación profesional.
La situación económica es uno de los factores más influyentes en la permanencia de los estudiantes dentro de la educación superior. Los gastos relacionados con matrícula, transporte, alimentación, materiales académicos y acceso a herramientas tecnológicas representan una carga para muchas familias. Cuando los recursos económicos son insuficientes, los estudiantes pueden verse obligados a buscar empleo o interrumpir temporalmente sus estudios. En consecuencia, la disponibilidad de apoyo financiero se convierte en un elemento para garantizar la continuidad y culminación de la carrera universitaria.
La normativa vigente establece que la obligación alimentaria puede mantenerse hasta los 21 años cuando el beneficiario se encuentra cursando estudios y cumple los requisitos legales correspondientes. Sin embargo, la realidad académica demuestra que muchos estudiantes universitarios alcanzan esa edad antes de concluir su carrera profesional. Los factores como la duración de los programas de estudio, las prácticas preprofesionales, los procesos de titulación y los retrasos académicos pueden extender el tiempo necesario para obtener un título.
La deserción universitaria se entiende como el abandono definitivo o temporal de los estudios superiores antes de obtener un título profesional. Este fenómeno puede originarse por múltiples causas, entre las que destacan las dificultades económicas, los problemas familiares, la necesidad de trabajar y el bajo rendimiento académico. Sus consecuencias afectan no solo al estudiante, sino también a su entorno familiar y a la sociedad en general, debido a la reducción de oportunidades de desarrollo profesional. En este contexto, la insuficiencia de recursos económicos constituye uno de los factores que con mayor frecuencia se relaciona con el abandono de la educación superior.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, de corte transversal y alcance descriptivo-propositivo. Asimismo, tuvo un corte transversal porque la información fue recopilada en un único momento temporal durante el período académico 2025-2026. El alcance fue descriptivo, ya que permitió caracterizar la situación económica y educativa de los estudiantes universitarios, y propositivo porque buscó fundamentar una propuesta de reforma legal orientada a extender la obligación alimentaria hasta los 22 años de edad.
La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto (cuali-cuantitativo). El enfoque cuantitativo permitió recopilar y analizar información estadística obtenida mediante la aplicación de encuestas a estudiantes universitarios, mientras que el enfoque cualitativo facilitó el análisis e interpretación de la normativa jurídica, doctrina, jurisprudencia y literatura científica relacionada con la obligación alimentaria y la continuidad educativa.
Según los métodos científicos utilizados, el método analítico para examinar las disposiciones jurídicas relacionadas con la obligación alimentaria y determinar la pertinencia de ampliar el límite etario establecido en la legislación ecuatoriana. Asimismo, se utilizó el método descriptivo para caracterizar las condiciones económicas y académicas de los estudiantes universitarios comprendidos entre los 18 y 22 años de edad, identificando factores que influyen en la continuidad de sus estudios superiores.
La población estuvo conformada por 4128 estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. Mediante la aplicación de una pregunta filtro se identificó una población objetivo de 458 estudiantes con edades comprendidas entre 18 y 22 años, quienes constituyeron la unidad de análisis de la investigación por encontrarse dentro del rango etario relacionado con la obligación alimentaria establecida en la legislación ecuatoriana.
Tabla 1: Pregunta filtro
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Rango de edad |
Frecuencia |
Porcentaje |
|
18 a 22 años |
458 |
11% |
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23 a 28 años |
1238 |
30% |
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29 a 31 años |
1032 |
25% |
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32 a 35 años |
826 |
20% |
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Más de 35 años |
574 |
14% |
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Total |
4128 |
100% |
Tabla 2: Población y muestra
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Descripción |
Cantidad |
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Población total Facultad de Ciencias Sociales |
4128 |
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Población objetivo (18 a 22 años) |
458 |
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Muestra |
458 |
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Tipo de estudio |
Censal |
Para la recopilación de información se empleó la técnica de la encuesta. Como instrumento se utilizó un cuestionario estructurado compuesto por 12 preguntas cerradas elaboradas bajo la escala de Likert de cinco alternativas de respuesta: totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. El cuestionario estuvo orientado a evaluar aspectos relacionados con la dependencia económica, continuidad educativa y percepción sobre la ampliación de la obligación alimentaria hasta los 22 años de edad.
Tabla 3: Técnica e instrumentos
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Elemento |
Descripción |
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Técnica |
Encuesta |
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Instrumento |
Cuestionario |
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Número de preguntas |
12 |
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Tipo de preguntas |
Cerradas |
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Escala |
Likert de 5 puntos |
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Aplicación |
Google Forms |
El cuestionario fue sometido a un proceso de validación mediante juicio de expertos. Para ello, participaron dos profesionales con experiencia en investigación jurídica y metodología científica, quienes evaluaron aspectos relacionados con claridad, pertinencia, coherencia y relevancia de cada uno de los ítems. Las observaciones emitidas fueron incorporadas en la versión final del instrumento antes de su aplicación.
La confiabilidad del cuestionario fue determinada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0,92. El resultado evidencia un nivel de confiabilidad excelente, indicando una consistencia interna entre los ítems que conforman el instrumento y la calidad de los datos durante el proceso investigativo.
Tabla 4: Confiabilidad
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Estadístico |
Valor |
|
Alfa de Cronbach |
0,92 |
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Número de ítems |
12 |
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Nivel de confiabilidad |
Excelente |
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La presente sección expone los resultados mediante la aplicación de la encuesta a los 458 estudiantes de entre 18 y 22 años pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. La información permitió conocer la situación económica de los estudiantes, su nivel de dependencia familiar y la percepción sobre la necesidad de extender la obligación alimentaria hasta los 22 años.
Tabla 5: Distribución porcentual
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Pregunta |
Siempre |
Casi siempre |
A veces |
Casi nunca |
Nunca |
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Dependencia económica de los estudiantes |
26% |
24% |
20% |
18% |
12% |
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Apoyo económico familiar en la etapa universitaria |
19% |
22% |
27% |
18% |
14% |
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Gastos universitarios en la estabilidad económica |
30% |
35% |
20% |
10% |
5% |
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Dificultades para cubrir gastos universitarios |
25% |
30% |
25% |
15% |
5% |
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Necesidad de trabajar para cubrir gastos universitarios |
20% |
25% |
30% |
15% |
10% |
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El trabajo en el rendimiento académico |
35% |
30% |
20% |
10% |
5% |
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Impacto de la pérdida de la pensión alimenticia |
40% |
30% |
15% |
10% |
5% |
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Falta de recursos económicos |
35% |
35% |
15% |
10% |
5% |
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Suficiencia del límite legal de 21 años |
5% |
10% |
15% |
30% |
40% |
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Pensión alimenticia hasta los 22 años |
70% |
15% |
8% |
4% |
3% |
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Contribución de la reforma legal a la continuidad educativa |
35% |
35% |
15% |
10% |
5% |
Fig. 1: Dependencia económica de los estudiantes universitarios
El 26% de los estudiantes manifestó que siempre depende económicamente de sus padres o familiares para continuar sus estudios universitarios, mientras que el 24% indicó que casi siempre necesita este apoyo. Estos datos permiten observar que una parte importante de los estudiantes aún requiere respaldo económico familiar para cubrir los gastos asociados a su formación académica, lo que evidencia la relevancia de este apoyo para favorecer la continuidad de los estudios superiores.
Fig. 2: Apoyo económico familiar durante la etapa universitaria
El 27% de los estudiantes señaló que a veces recibe apoyo económico familiar durante sus estudios universitarios, mientras que el 14% manifestó que nunca recibe esta ayuda. Esto evidencia que una parte importante de los encuestados depende, en mayor o menor medida, del respaldo económico de sus familiares para afrontar los gastos asociados a la educación superior.
Fig. 3: Gastos universitarios en la estabilidad económica
El 35% de los estudiantes manifestó que los gastos universitarios casi siempre afectan su estabilidad económica, mientras que el 5% indicó que nunca experimenta esta situación. Estos resultados evidencian que los costos asociados a la educación superior representan una dificultad frecuente para gran parte de los estudiantes. En consecuencia, la situación económica puede influir en la permanencia y continuidad de la formación universitaria.
Fig. 4: Impacto de la pérdida de la pensión alimenticia en la culminación de la carrera universitaria
El 40% de los estudiantes manifestó que siempre la pérdida de la pensión alimenticia al cumplir los 21 años dificulta la culminación de la carrera universitaria, mientras que el 5% indicó que nunca considera que esta situación afecte sus estudios. Estos resultados evidencian la importancia del apoyo económico para la permanencia estudiantil y sugieren que la falta de este beneficio puede convertirse en un obstáculo para finalizar la formación profesional.
Fig. 5: Pensión alimenticia hasta los 22 años
El 70% de los estudiantes manifestó que siempre considera necesario extender la obligación alimentaria hasta los 22 años para garantizar la culminación de los estudios universitarios, mientras que el 3% indicó que nunca considera necesaria esta medida. Como análisis, existe una amplia aceptación de la propuesta de reforma, al percibirse como un mecanismo que contribuiría a fortalecer la continuidad educativa y reducir las dificultades económicas que enfrentan los estudiantes universitarios.
Según los resultados la situación económica influye de manera en la continuidad educativa de los estudiantes universitarios, debido a que gran parte de ellos manifestó depender del apoyo familiar para cubrir gastos relacionados con su formación académica. Estos hallazgos guardan relación con Vallejo et al. (2024), quienes sostienen que la pensión alimenticia constituye un mecanismo para garantizar la alimentación y el acceso a la educación y demás condiciones necesarias para el desarrollo integral de la persona.
Por consiguiente, las limitaciones económicas afectan la permanencia estudiantil y generan dificultades para cubrir los gastos universitarios. Estos hallazgos coinciden con Rosero et al. (2022), quienes señalan que el derecho de alimentos constituye una garantía jurídica orientada a proteger derechos fundamentales y asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio efectivo de otros derechos, entre ellos la educación.
De igual manera, los estudiantes consideraron que la pérdida de la pensión alimenticia durante la etapa universitaria puede dificultar la culminación de la carrera profesional. Este resultado encuentra respaldo en Puetate, Méndez y Alarcón (2020), quienes destacan que los hijos que continúan estudiando mantienen el derecho a percibir pensión alimenticia hasta los 21 años, reconociendo la importancia de este beneficio para certificar su formación académica y el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Por otra parte, los hallazgos obtenidos una percepción favorable hacia la necesidad de revisar los límites legales actualmente establecidos para la obligación alimentaria. Estos resultados guardan relación con Cadme y Vázquez (2020), quienes sostienen que las decisiones relacionadas con pensiones alimenticias deben observar principios de proporcionalidad y responder a las necesidades reales de las personas involucradas, considerando las circunstancias particulares de cada caso.
La investigación permitió identificar que la continuidad educativa puede verse comprometida cuando existen limitaciones económicas que afectan la satisfacción de necesidades básicas. El resultado coincide con Falconi y Ramón (2023), quienes afirman que el derecho de alimentos se encuentra estrechamente vinculado al principio de interés superior y a la protección integral de derechos fundamentales, especialmente cuando la capacidad económica resulta insuficiente para cubrir las necesidades de quienes dependen de este beneficio.
Los resultados respaldan la necesidad de adaptar la normativa jurídica a las realidades sociales y educativas actuales. En este sentido, Zurita et al. (2025) sostienen que el derecho de alimentos ha evolucionado progresivamente para garantizar condiciones de vida dignas y responder a las necesidades de los grupos más vulnerables, por lo que las disposiciones legales deben mantenerse en constante revisión para asegurar una protección efectiva de los derechos relacionados con la educación.
Tabla 6: Propuesta de reforma al Artículo Innumerado 4 del Código de la Niñez y Adolescencia
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Elemento |
Contenido |
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Problema identificado |
La normativa vigente establece que la obligación alimentaria para estudiantes se extingue a los 21 años de edad, aun cuando muchos universitarios no han culminado su formación profesional debido a la duración de las carreras, prácticas preprofesionales y procesos de titulación. |
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Objetivo de la reforma |
Extender la obligación alimentaria hasta los 22 años para garantizar la continuidad educativa y la culminación de los estudios superiores. |
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Fundamento jurídico |
La propuesta se sustenta en los artículos 44 y 69 de la Constitución de la República del Ecuador, el principio de solidaridad familiar, el derecho a la educación, el interés superior y el principio de progresividad de los derechos. |
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Texto vigente |
Tendrán derecho a reclamar alimentos las personas mayores de 18 años y hasta los 21 años de edad que se encuentren cursando estudios de cualquier nivel educativo que les impidan o dificulten dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes. |
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Texto reformado propuesto |
Tendrán derecho a reclamar alimentos las personas mayores de 18 años y hasta los 22 años de edad que se encuentren cursando estudios de educación superior y que dichos estudios les impidan o dificulten dedicarse de manera permanente a una actividad productiva, careciendo de recursos económicos suficientes para su subsistencia. |
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Beneficios esperados |
Reducir la deserción universitaria, fortalecer la continuidad educativa, garantizar la culminación de los estudios superiores y adecuar la legislación a la realidad académica actual de los estudiantes ecuatorianos. |
La propuesta de reforma surge a partir de los resultados obtenidos en la investigación, los cuales evidenciaron que la pérdida de la pensión alimenticia al cumplir 21 años puede afectar la continuidad educativa de los estudiantes universitarios. Por ello, se plantea la ampliación de este derecho hasta los 22 años, con el propósito de garantizar la culminación de los estudios superiores y fortalecer la protección jurídica de los jóvenes en proceso de formación profesional.
CONCLUSIÓN
La presente investigación permitió analizar la incidencia de la limitación legal de la obligación alimentaria hasta los 21 años en la continuidad educativa de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, logrando cumplir con el objetivo general planteado y cada uno de los objetivos específicos propuestos. A continuación, se presentan las principales conclusiones derivadas del estudio.
En primer lugar, se logró diagnosticar la situación socioeconómica de los estudiantes que se encuentran próximos a cumplir o han superado los 21 años, identificando las dificultades que enfrentan para sostener sus estudios ante la extinción de la pensión alimenticia. Los resultados evidenciaron que el 26% de los estudiantes depende siempre económicamente de sus padres o familiares para continuar sus estudios, mientras que el 24% casi siempre necesita este apoyo. Asimismo, el 35% de los encuestados manifestó que los gastos universitarios afectan su estabilidad económica, lo que demuestra que la dependencia financiera persiste durante gran parte de la formación profesional. Esta situación se agrava al considerar que el 25% de los estudiantes indicó tener dificultades para cubrir sus gastos universitarios, lo que evidencia la vulnerabilidad económica que enfrenta este grupo etario.
Por consiguiente, se determinó la relación jurídica y fáctica entre la cesación de la pensión alimenticia a los 21 años y la interrupción o deserción en la trayectoria educativa. Los resultados revelaron que el 40% de los estudiantes considera que la pérdida de la pensión alimenticia al cumplir 21 años dificulta siempre la culminación de la carrera universitaria, mientras que el 30% manifestó que casi siempre esta situación afecta sus estudios. Además, se identificó que el 35% de los estudiantes señaló que trabajar para cubrir gastos universitarios afecta su rendimiento académico. Estos hallazgos confirman que la extinción del derecho alimentario en una etapa crítica del proceso formativo constituye un factor de riesgo para la continuidad educativa, pudiendo derivar en deserción o rezago académico, tal como lo evidencian las dificultades económicas que enfrentan los estudiantes para cubrir matrícula, transporte, alimentación, materiales de estudio y acceso a recursos tecnológicos.
En tercer lugar, se fundamentó jurídicamente una propuesta de reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia que extienda la obligación alimentaria hasta los 22 años, sustentada en principios constitucionales de solidaridad familiar y el derecho a la educación. La propuesta encuentra respaldo en los artículos 44 y 69 de la Constitución de la República del Ecuador, que establecen la responsabilidad prioritaria del Estado, la sociedad y la familia en el desarrollo integral de los jóvenes, así como en el principio de progresividad de los derechos y el interés superior del alimentario. El 70% de los estudiantes encuestados manifestó estar siempre de acuerdo con la extensión de la pensión alimenticia hasta los 22 años, lo que demuestra una amplia aceptación de la medida como mecanismo para garantizar la profesionalización plena y reducir la deserción universitaria por causas económicas.
Por último, se concluye que el límite etario actual de 21 años para la obligación alimentaria resulta insuficiente frente a la realidad académica ecuatoriana, donde la duración de las carreras universitarias, sumada a los procesos de titulación y prácticas preprofesionales, extiende la formación más allá del umbral protegido por la ley. Esta disonancia genera un vacío de protección jurídica que afecta precisamente a quienes se encuentran en la etapa final de sus estudios, contradiciendo los principios constitucionales de garantía del desarrollo integral y el derecho a la educación. Por tanto, se evidencia la necesidad de que el Legislativo ecuatoriano considere la reforma propuesta, con el fin de armonizar la normativa con las necesidades reales de formación de la juventud y asegurar que la rectificación del límite etario no afecte los derechos y obligaciones de los alimentantes, sino que responda al principio de realidad y a la protección efectiva de los derechos fundamentales de los estudiantes universitarios.
REFERENCIAS
Cerda Alvarado, M. T. (2024). El control legal de la administración de la pensión alimenticia y el derecho al desarrollo integral del menor (Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador). http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12935
Chenche, J. Y. T., Chenche, J. A. T., & Johnson, G. L. L. (2024). Gestión de riesgos para garantizar la continuidad educativa en situaciones de crisis y emergencias. Atenas: revista científico pedagógica, 1(62), 1-13. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9930552
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