Estándar Probatorio en la Imputación Penal de la Persona Jurídica De Derecho Privado en la Legislación Ecuatoriana
The Standard of Proof in the Criminal Charges against Private-Law Legal Entities under Ecuadorian Law
Joseph Michael Armijos Roman1, Walter Steven Blacio Marin2 y Suqui Romero Gabriel Yovany3
1 Universidad Técnica de Machala, jarmijos19@utmachala.edu.ec, https://orcid.org/0009-0008-9100-8695, Ecuador
2Universidad Técnica de Machala, wblacio1@utmachala.edu.ec, https://orcid.org/0009-0001-1852-7009, Ecuador
³Universidad Técnica de Machala, gsuqui@utmachala.edu.ec, https://orcid.org/0000-0002-3704-8193, Ecuador
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Información del Artículo |
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RESUMEN |
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Trazabilidad: Recibido 01-11-2026 Revisado 06-11-2026 Aceptado 15-11-2026
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El presente estudio analiza la responsabilidad penal de la persona jurídica de derecho privado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, enfocándose en el estándar probatorio aplicable a los programas de cumplimiento normativo (compliance) regulados en el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal. El objetivo es determinar cómo la falta de criterios técnicos para la valoración de estos programas incide en la discrecionalidad judicial y vulnera la seguridad jurídica, propiciando prácticas meramente formales conocidas como paper compliance. La investigación adopta un enfoque cualitativo con una tipología documental, descriptiva, explicativa y propositiva. Se emplean los métodos exegético, jurídico-dogmático, histórico, analítico-sintético y jurídico-comparado, contrastando la legislación local con los modelos normativos de España y Chile. Como hipótesis central, se plantea que la insuficiencia de parámetros objetivos dificulta la determinación del “defecto de organización” corporativo, generando interpretaciones judiciales disímiles. El estudio concluye en la necesidad de incorporar criterios técnicos que doten de predictibilidad metodológica al proceso penal, garantizando una debida diligencia empresarial efectiva y un debido proceso. |
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Palabras Clave: Responsabilidad penal corporativa Programas de cumplimiento Defecto de organización Estándar probatorio Seguridad jurídica |
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Keywords: Corporate criminal liability Compliance programs Organizational defect Evidentiary standard Legal certainty |
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ABSTRACT This study analyzes the criminal liability of private legal entities within the Ecuadorian legal system, focusing on the evidentiary standard applicable to compliance programs regulated by Article 49 of the Comprehensive Organic Penal Code (COIP). The objective is to determine how the lack of technical criteria for evaluating these programs affects judicial discretion and undermines legal certainty, fostering merely formal practices known as "paper compliance." The research adopts a qualitative approach, utilizing a documentary, descriptive, explanatory, and proposal-oriented methodology. It employs exegetical, legal-dogmatic, historical, analytical-synthetic, and comparative legal methods, contrasting local legislation with regulatory models from Spain and Chile. The central hypothesis posits that the lack of objective parameters hinders the determination of corporate "organizational defects," leading to inconsistent judicial interpretations. The study concludes that it is necessary to incorporate technical criteria that provide methodological predictability to criminal proceedings, thereby ensuring effective corporate due diligence and due process.
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INTRODUCCIÓN
La doctrina penal contemporánea se ha transformado a lo largo de la historia, desde la concepción de la inimputabilidad corporativa, también conocida bajo el aforismo de societas delinquere non potest (la sociedad no puede delinquir) hacia el reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en adelante (RPPJ), en el derecho penal corporativo, dicha transformación es en parte gracias a la separación entre el patrimonio de los socios y el de la empresa, es decir, la responsabilidad limitada en algunos tipos de compañias, hecho que si bien impulsó el desarrollo económico, también creó un escenario donde las empresas pueden actuar de manera grave o criminal, actos que bajo el esquema tradicional de imputación no son posibles de sancionar (Rodríguez, 2022). En virtud de este nuevo enfoque, la RPPJ no responde a los criterios clásicos de la imputación física, sino que requiere de elementos objetivos distintos al sujeto o persona natural, tales como el “defecto de organización” entendido como la omisión del deber de adoptar mecanismo de control orientados a prevenir la comisión de ilícitos dentro de la misma organización o empresa, es decir, la RPPJ representa la evolución de un derecho penal de daño a uno de gestión de riesgos corporativos, donde la sanción debe fundamentarse en un defecto de organización propio para evitar una responsabilidad penal objetiva inconstitucional (González, 2022). Considerando que aplicar la teoría del delito tradicional a las personas jurídicas de derecho privado resulta forzado e inapropiado, lo idóneo sería aplicar “la teoría del delito corporativo” en la cual la antijuridicidad y culpabilidad, elementos clásicos de la teoría del delito, sean reemplazadas por la determinación objetiva de una estructura interna defectuosa y la falta de políticas de prevención de delitos que sean eficaces (Arredondo, 2025).
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el análisis de la RPPJ debe de enmarcarse como punto referencial de la carta magna, la Constitución, en adelante (CRE), en donde su artículo 76 manifiesta los límites del ius puniendi del Estado y consagra las garantías del debido proceso cuya relevancia es absoluta, a luces de que también contiene disposiciones como la del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (CRE, 2008). Bajo este marco constitucional, el legislador en 2014 expidió el Código Orgánico Integral Penal, en adelante (COIP), e incorporó criterios acerca de la RPPJ en los artículos 49 y 50, disposiciones más que fundamentales para entender el papel de las personas jurídicas dentro de un proceso penal, ya que en el contenido de los referidos artículos se materializa la responsabilidad penal corporativa y se incorpora la figura de los programas de cumplimiento normativo (compliance) como una atenuante de la responsabilidad penal. No obstante, si bien este hito normativo que incorporó la RPPJ en el COIP modernizó el sistema penal ecuatoriano al superar el principio societas delinquere non potest, también es necesario fortalecer la prevención interna mediante la socialización de los deberes de cumplimiento del personal de las compañías ante la reducida tipificación del legislado en cuanto a los delitos imputables (Troya, 2022). Ahora, la legislación penal vigente adolece de una laguna metodológica que podría llegar a amenazar garantías constitucionales, siendo que, la ley omite definir y precisar los criterios tecnicas de validez, eficacia e idoneidad que son obligatorios para que se logre valorar probatoriamente a los programas de cumplimiento normativo (compliance) y que por consiguiente pueda desvirtuar levemente la imputación por un defecto de organización (por concepto de lege lata, ya que según la ley vigente, los programas de cumpliemento solo tienen el fin de atenuar la pena) y dejando su valoración a discrecionalidad del juzgador. A diferencia del ordenamiento jurídico ecuatoriano, otros ordenamientos a nivel internacional han desarrollado exigencias precisas al momento de valorar un compliance.
En línea con este tema, es necesario añadir que según la dogmática, el verdadero deber de dirección y supervisión dentro de una empresa requiere identificar y evaluar de manera rigurosa los factores de riesgo de crímenes empresariales (Artaza & Galleguillos, 2018). Esto implica que la empresa, en caso de alegar la existencia de un programa de cumplimiento dentro de la persona jurídica debe de probar haber neutralizado no solo las oportunidades delictivas generadas por falencias en su control estructural, además, deberá demostrar haber neutralizado los riesgos derivados de su cultura organizacional.
La insuficiencia de esta calibración probatoria en la legislación ecuatoriana crea un impacto procesal cualitativo cuyo análisis resulta necesario. Ya que al no existir parámetros objetivos, precisos y claro que determinen como un programa de compliance resulta idóneo o no, la valoración de la debida diligencia empresarial queda relegada a la discrecionalidad y convicción del juez. Es esta falta de predictibilidad metodológica que impide distinguir de manera objetiva cuando existe o no un verdadero defecto de organización, ya que puede ser que el programa de cumplimiento pueda ser meramente formal, derivando a lo que la doctrina lo ha nombrado como paper compliance, que en términos simples consiste en un conjunto de disposiciones meramente formales que no tienen aplicación real dentro de la empresa, transformándolo en un simple requisito documental sin impacto en la cultura organizacional (Mayanquer-Parra, 2025). Esta indeterminación de parámetros genera un efecto contrario para la persona jurídica y un grave peligro procesal, ya que el intento de la empresa de tener un sistema de autorregulación podría terminar convirtiéndose en una prueba de cargo contra ella misma, en caso de que se considere que este programa de complimiento estaba mal diseñado (Liñán, 2022), es decir, la ausencia de un estándar probatorio claro convierte a los mecanismos de prevención en un arma de doble filo, sometiendo a las personas jurídicas a una constante inseguridad jurídica al momento de ejercer su defensa.
En virtud del existente contraste entre la dogmática del derecho penal corporativo y su aplicación procesal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el objetivo general de la investigación es analizar el estándar probatorio aplicable a la imputación penal de las personas jurídicas de derecho privado en la legislación ecuatoriana, con el objetivo de determinar cómo la asimetría entre las complejas exigencias dogmáticas del artículo 49 del COIP y la deficiente regulación procesal del sistema de RPPJ dentro del propio COIP incide en la objetividad judicial y vulneraría la seguridad jurídica. Ante lo cual surge el planteamiento del problema: ¿De qué manera la indeterminación de un estándar probatorio procesal específico para la acreditación de los presupuestos dogmáticos de imputación penal de la persona jurídica de derecho privado incide en la resolución de los tribunales penales y afecta la garantía de la seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico ecuatoriano?
Ante esto se plantea como hipótesis central de la investigación que la carencia de un estatuto procesal robusto y la ausencia de un estándar probatorio objetivo para acreditar los presupuestos de fondo en la imputación penal de la persona jurídica de derecho privado, como lo son el hecho de conexión, beneficio y defecto de organización, originan una alarmante discrecionalidad judicial y una alta dependencia procesal en la prueba pericial; situación que impide una valoración jurídica previsible y vulnera el debido proceso en el proceso penal de las personas jurídicas de derecho privado en la legislación ecuatoriana.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, orientado al análisis del estándar probatorio aplicable a la imputación penal de las personas jurídicas de derecho privado en la legislación ecuatoriana. La tipología de este estudio es documental, descriptivo, explicativo y propositivo debido a que se busca identificar las insuficiencias existentes en los criterios de valoración probatoria de los programas de cumplimiento corporativo previstos en el artículo 49 del COIP y determinar sus efectos sobre la seguridad jurídica y el debido proceso.
Para el desarrollo de la investigación se emplea el método exegético, mediante el cual se examina el contenido normativo del artículo 49 del COIP y demás disposiciones relacionadas con la RPPJ. Asimismo, se utiliza el método jurídico-dogmático para estudiar las principales construcciones doctrinales relativas a la autorresponsabilidad de las personas jurídicas, el defecto de organización, los programas de cumplimiento y los estándares de prueba en materia penal. A su vez se aplica el método histórico para revisar fallos judiciales que aporten a la investigación con información sobre el estándar de la prueba en materia y su valor judicial penal. De igual forma, se aplica el método analítico y sintético para descomponer las categorías jurídicas relevantes y posteriormente integrarlas en una explicación sistemática del problema investigado. Complementariamente, el método jurídico-comparado permite contrastar la regulación ecuatoriana con modelos normativos de España y Chile, a fin de identificar criterios técnicos de valoración probatoria susceptibles de adaptación al contexto nacional.
El objeto de estudio está constituido por el régimen jurídico ecuatoriano relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los mecanismos de cumplimiento corporativo. La investigación se sustenta en el análisis de legislación, jurisprudencia y doctrina especializada nacional e internacional. La técnica principal es el análisis documental y de contenido jurídico de normas, sentencias y publicaciones científicas.
Finalmente, los resultados son sistematizados para determinar si la regulación vigente proporciona criterios suficientes para la valoración probatoria de los programas de cumplimiento y para formular lineamientos que fortalezcan la seguridad jurídica en la Imputación penal corporativa.
RESULTADOS
Estándar probatorio en la imputación penal de la persona jurídica
El estándar constituye la regla metodológica indispensable que determina el nivel de suficiencia probatoria que requiere una hipótesis fáctica para ser considerada probada. Consecuentemente es necesario tener presente disposiciones que nos indiquen cuando una hipótesis fáctica ha sido debidamente probada, de tal modo como sostienen Yepes & Toro (2024) cuando no existe un estándar de prueba controlado mediante bajo criterios de justicia aparece el riesgo de utilizar el resultado probatorio bajo juicios personales, ante lo cual el azar puede imperar en la resolución fáctica, es decir, una ausencia de este estándar o el límite establecido que debe superar una prueba para que su hipótesis fáctica sea correctamente probada generaría una interpretación meramente personal por parte del juzgador como Borja & Vásquez (2025) complementan “cuando surge un caso que no puede ser manejado por una aplicación clara y directa de una regla legal, la guía autorizada ofrecida a un juez por el sistema legal 'se agota', y el único recurso de un juez es decidir el caso, a través de un ejercicio de discreción en el sentido fuerte” (p. 34), dicho de otro modo no habría manera de guiar legalmente la decisión del juzgador sin un estándar ya establecido que le dé una luz de cómo considerar esta prueba generando así resoluciones discrecionales.
Complementariamente Ambos (2023) plantea que la presunción de inocencia implica que la fiscalía debe probar que el hecho ocurrió y que el acusado participó en él. Además, dependiendo de cómo la fiscalía lleve a cabo esta tarea, el acusado puede sentirse obligado o impulsado a negar las acusaciones. Por consiguiente, la acusación es quien debe probar la existencia del hecho y de la culpabilidad recayendo sobre el imputado la responsabilidad de refutar o no esta hipótesis de la acusación, por otra parte en cuanto a la carga probatoria esta no sería totalmente para la parte acusadora, ya que si hay situaciones que le resultan en favor al imputado dotándolo de atenuantes o de eximentes de culpabilidad es labor de la defensa llevar la carga ya que de no hacerlo le dejaría la tarea fácil a la acusación, entonces toda labor de obstaculizar la acusación supone para el sujeto imputado una carga procesal. En continuación con esta línea, Mosquera (2025) manifiesta que la afirmación de que recae sobre la parte acusada la responsabilidad de presentar o demostrar la veracidad de circunstancias que podrían dar lugar a una exención, una atenuación de la responsabilidad o la eliminación de la responsabilidad penal no entra, en realidad, en conflicto con las garantías que otorga la Constitución. Por lo tanto, cómo puede el imputado ejercer una correcta defensa si no hay un lineamiento que diga cuando es suficiente la prueba para ser considerada válida y acreditable a la hipótesis fáctica, por si fuera poco, como se puede asegurar el debido proceso si la resolución del juzgador se ve encasillada en presunciones exclusivamente discrecionales.
Presupuestos de la imputación penal de la persona jurídica de derecho privado
Requisitos Formales
En el marco de la RPPJ, el primer aspecto que debe ser evaluado es la atribución de la condición de sujeto activo a dicha entidad; sin embargo, la complejidad del asunto radica en que, si bien el sujeto activo de un delito es lógicamente idóneo, este debe ser el único capaz de ejecutar la acción u omisión que, al configurarse como una conducta típica, antijurídica y culpable, ha sido prohibida bajo la amenaza de una consecuencia jurídica (Vidal, 2025), por ende la adjudicación de un delito en contra de la persona jurídica no puede darse al igual que la persona natural ya que estos necesitan otros presupuestos de imputación más complejos que los usuales para las personas naturales, aun así, la imputación penal tanto para la persona jurídica como para la persona natural tiene el objetivo de “comunicar a las personas, la cualidad de imputado que les surge con ocasión de una investigación, que previamente iniciada, ha arrojado de manera coherente y racional, elementos de convicción en su contra” (ALC Abogados, s. f.), es decir la finalidad procesal de esta figura no cambia. En este marco garantista, cabe mencionar que la persona jurídica procesada posee formalmente la condición de imputada, según el art. 440 del COIP, lo que le brinda todas las garantías del debido proceso y requiere que se nombre a un representante judicial especial para evitar conflictos de interés en caso de que el representante legal ordinario también esté siendo investigado (Pazmiño, 2024). Teniendo como presente esta premisa se entiende que al momento de realizar la imputación de la persona jurídica se necesita un estándar probatorio más elevado dado la complejidad que ameritan, pero en cuanto a la definición de un estándar pues como ya sabemos que es el límite que debe superarse probatoriamente para que sea procesalmente relevante, consecuentemente se deben primero probar los requisitos formales que contrastando con los de la persona natural no es más que las generales de ley de la persona jurídica, es decir probar que existe, que tipo es, que clase y que delito es atribuible todos estos presupuestos clásicos necesarios en toda imputación penal.
Personalidad jurídica
Para la persona natural, la existencia y capacidad de imputabilidad se demuestran materialmente mediante la inscripción de su nacimiento y la constancia de su mayoría de edad. En el ámbito corporativo, la acreditación de la existencia de una persona jurídica exige una fundamentación dogmática y documental distinta. Las personas jurídicas encuentran su base regulatoria general en el Libro Primero, Título XXX del Código Civil ecuatoriano (CC), el cual dispone que estas entidades deben reunir requisitos formales ineludibles para nacer a la vida jurídica y poder operar. En este sentido, Bonilla & Sánchez (2026) enfatizan que la responsabilidad penal de la persona jurídica (RPPJ) "nace desde el momento en que adquiere derechos, deberes, obligaciones y responsabilidad" (p. 131315), profundizando aún más, la imputabilidad corporativa requiere comprobar un nivel mínimo de complejidad organizativa que brinde a la persona jurídica de una dinámica propia, siendo esta complejidad la que permite diferenciar a las personas jurídicas totalmente imputables de aquellas empresas de fachada o sin organización real (García, 2023). En consecuencia, para iniciar cualquier proceso de imputación contra una corporación, el ente acusador, el cual en el sistema penal ecuatoriano es la Fiscalía General del Estado, en adelante (FGE), debe conseguir el acta de constitución de dicha persona jurídica, ya que este es el instrumento formal que le otorga a la corporación la personalidad jurídica y la capacidad de funcionamiento.
Ahora bien, el catálogo de sujetos pasivos en el marco de la RPPJ no se limita exclusivamente a las compañías comerciales tradicionales, como puede ser una empresa minera; este catálogo es mucho más amplio, ya que a partir de una análisis sistemático de todo ordenamiento jurídico ecuatoriano, será notable que que el sistema de RPPJ es aplicable a todas las personas jurídicas de Derecho privado, integrando aquellas con o sin fines de lucro, exceptuando únicamente a aquellas entidades de fachada que no cuentan con personalidad jurídica real (Suqui, 2025), es decir, para acreditar la personalidad jurídica se requiere un rastreo y conocimiento profundo del marco societario ecuatoriano, ya que dentro de este conjunto de personas jurídicas a los cuales se le puede imputar ilícitos en base al sistema de RPPJ, están: clubes y sociedades deportivas, reguladas bajo la Ley del Deporte; fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, reguladas por el CC y el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; fideicomisos mercantiles; compañías mercantiles e industriales, reguladas por el CC, Ley de Compañías y Código de Comercio; Organizaciones de Economía Popular y Solidaria, reguladas por la Ley de Economía Popular y Solidaria; ONG; entidades bursátiles y financieras; consorcios regulados en el Código de Comercio; y gremios, asociaciones y colegios profesionales privados (Suqui, 2025).
En línea con lo anterior y considerando la gran diversidad de estructuras corporativas, el registro público donde consta la inscripción formal de la persona jurídica dependerá de la naturaleza de la corporación a la que se quiera imputar penalmente, por ejemplo, en caso de compañías, como las anónimas, en comandita, limitadas y que están sujetas a la Ley de Compañías, su acta de constitución se obtendrá en el Registro Mercantil del cantón donde se fije su matriz, no obstante, si se trata de una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), su inscripción se encontrará en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIAS), por lo que la FGE deberá solicitar la información de la empresa a la institución pública u organismo del estado competente en cada caso.
Finalmente, una vez establecida la existencia legal de la persona jurídica a través de su inscripción en la institución competente, el siguiente paso procesal obligatorio es la revisión de su estatuto, ya que dentro de este documento legal se establecen las normas y regulaciones bajo las cuales opera imperativamente la sociedad (Enty, 2025), dicho estatuto es una pieza probatoria fundamental para materializar la correcta singularización de la persona jurídica, puesto que dentro de este documento legal se detalla la razón social, el objeto social, el modelo de gobierno corporativo y la estructura de representación legal. Únicamente mediante este análisis del estatuto, la FGE podrá delimitar la esfera de competencia de la corporación, identificar su estructura y enmarcar jurídicamente la imputación penal contra dicha persona jurídica del Derecho privado.
La sujeción al régimen de Derecho privado y nacionalidad
En el Ecuador existen dos clases de personas jurídicas en atención a la naturaleza de sus acciones, estas son Según la postura de Brewer (1976) expresa que las personas jurídicas de derecho público se definen por haber adoptado las modalidades originarias del derecho público y las entidades político-territoriales, así como los establecimientos públicos corporativos e institucionales, dichas personas jurídicas suelen nacer mediante acto legislativo; por el contrario, las personas jurídicas de derecho privado, sean constituidas por el Estado o por particulares a través de las formas originarias de dicho derecho, tales como las sociedades mercantiles, las asociaciones civiles que se encuadran en una naturaleza jurídica distinta, considerando esta postura hay que identificar la clase de persona jurídica que se va a imputar, esta información también podrá encontrarse en su acta de constitución o en el número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y así mismo distinguir la nacionalidad de la corporación porque también existen personas jurídicas de otros países que colocan sucursales en el territorio nacional.
Numerus clausus
Las infracciones atribuibles a las personas jurídicas contempladas en el COIP han evolucionado desde un sistema restringido hacia una incorporación sectorizada, actualmente, el legislador ecuatoriano ha extendido la RPPJ a doce grandes grupos delictivos que van desde delitos contra la humanidad y la trata de personas, hasta los delitos socioeconómicos, ambientales y contra la eficiencia de la administración pública, aplicando un abanico de sanciones que van desde multas pecuniarias hasta la extinción o disolución de la entidad misma.
A continuación, se sintetizan algunos principales delitos contemplados en el COIP:
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Bien jurídico protegido |
Principales delitos atribuibles a la persona jurídica |
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Derechos Humanos |
Genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada. |
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Trata y Explotación |
Trata de personas, explotación sexual, laboral. |
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Sistema Económico |
Pánico financiero, lavado de activos, usura. |
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Administración Pública |
Cohecho, tráfico de influencias, testaferrato. |
Aunque en realidad son alrededor de 82 delitos, se recomienda buscar en el COIP para verificar el número de delitos atribuibles a la persona jurídica.
El COIP en su artículo 49 inciso 1 emplea una fórmula similar al modelo del Código Penal de España, esto en cuanto a la frase “en los supuestos previstos en este Código” (COIP, 2014), es decir, se establece de esta forma un sistema de número limitado de delitos que pueden ser imputados a la persona jurídica, la doctrina llama a este catálogo cerrado, taxativo y limitado como “numerus clausus”, no obstante la doctrina aún cuestiona dos dimensiones importantes: primero, que el sistema de numerus clausus dejó fuera algunos ilícitos que pueden ser cometidos por una persona jurídica con una defectuosa organización con la finalidad de beneficiarse; segundo, que la fórmula que empleó el legislador penal ecuatoriano requiere un análisis, búsqueda y localización de todo el título IV del primer libro del COIP (Suqui, 2025, p. 58).
Requisitos de fondo o presupuestos de imputación
Una vez entendido los requisitos de forma para la imputación de la RPPJ, es sumamente necesario comprender los requisitos de fondo, siendo que estos son los que en una audiencia de juicio oral, se le exigirá a la FGE, que acredite, más allá de toda duda razonable, la concurrencia de todos estos presupuestos materiales específicos que configuran la existencia de un delito corporativo y su relación con la persona jurídica, por el cual este ente posteriormente podría ser sentenciado en caso de probarse los diferentes presupuestos de imputación.
En esta misma línea, cabe mencionar que en la práctica del litigio penal, la FGE no solo debe de limitarse a demostrar la existencia de un ilícito, sino que también asume la carga procesal de crear una teoría del caso que muestre de manera evidente los tres requisitos de fondo para la imputación de la RPPJ, siendo estos: el hecho de conexión o referencia, el beneficio directo o indirecto, el defecto de organización e inmersa en este último, la ineficacia de programas de cumplimiento (compliance programs) o la ausencia de estos.
Hecho de conexión
El primer presupuesto de imputación, que representa el elemento material detonante del sistema de RPPJ, es el llamado doctrinariamente como “hecho de conexión”, el cual consiste en la perpetración de una conducta típica y antijurídica, que se subsume a alguno de los delitos atribuibles a las personas jurídicas del catálogo cerrado o numerus clausus que ofrece el legislador en el COIP, dicha conducta ejecutada por una persona natural de las que están indicadas en el artículo 49 inciso 1 (COIP, 2014), es decir, en el sistema penal ecuatoriano opera una doble vía de imputación, siendo la actuación de las altas esferas directivas (representantes legales, administradores o sujetos con facultades de control) la primera vía; y la actuación de los subordinados, con los que fue posible la comisión del ilícito gracias a una grave infracción de los deberes de supervisión que tienen los administradores o supervisores, denominado por la doctrina como “culpa in vigilando”, que representa la segunda vía de imputación.
Respecto a este primer requisito de fondo, Suqui (2025) manifiesta que el hecho de referencia (o de conexión) es únicamente un presupuesto habilitante, similar a una premisa, más no representa para la empresa un fundamento para declarar su culpabilidad, ya que de ser el segundo caso se estaría apuntando a un sistema de heterorresponsabilidad y no al de autorresponsabilidad que se aplica en el sistema ecuatoriano. En línea con el principio de quien alega un hecho debe probarlo y en razón de que en el proceso penal ecuatoriano se maneja un sistema acusatorio-adversarial, es la FGE posee la carga de la prueba encaminada a demostrar existencia del delito primario y la vinculación funcional de la persona natural con la compañía, es así que por parte de la FGE se debe de acreditar que la conducta de la persona que cometió el delito en beneficio de la corporación se desarrolló dentro de la esfera de dominio de la persona jurídica.
En línea con el tema, se evidencia una particularidad interesante que emana del principio de autonomía de responsabilidades, tal como lo indica en el art. 50 del COIP y la doctrina contemporánea, las cuales indican que la imputación de la persona jurídica goza de autonomía procesal frente a la responsabilidad individual, es decir la corporación puede ser sancionada independientemente de si las personas naturales involucradas han sido condenadas (Arredondo, 2025). Por lo que la FGE puede dirigir su acusación y esperar una sentencia condenatoria contra la persona jurídica de derecho privado incluso en casos donde la persona autora del hecho de referencia haya fallecido, se encuentre prófuga de la justicia o incluso en casos donde su identificación exacta en el complejo sistema de organización corporativa aún no se haya individualizado, aunque esto vuelve aún más compleja la labor de la FGE.
Es por ello que la estrategia de la FGE o de la acusación particular no debe concentrarse exclusivamente en la condena del individuo o persona natural, sino también en evidenciar y probar objetivamente la creación del riesgo no permitido y la realización del mismo fue gracias a la estructura, los recursos o negocio de la persona jurídica, satisfaciendo así la exigencia procesal del hecho de referencia como el primer requisito de fondo de la imputabilidad penal de la corporación. En añadidura a este punto, según Suqui (2025) “la prueba pertinente (en razón de probar el hecho de referencia en la audiencia de juicio) sería la documental, encaminada a evidenciar esas calidades o cargos que ostentan” [aclaración añadida] (p. 418), y para acreditar que la conducta fue realizada en el marco de sus actuaciones empresariales se usará la prueba testimonial y pericial (Suqui, 2025, p. 418).
Beneficio Directo o Indirecto
Para que el ilícito de la persona natural trascienda la esfera individual y conlleve a la RPPJ, el COIP en su art. 49 inciso 1, requiere obligatoriamente que el ilícito debe se haya cometido para “beneficio propio o de sus asociados" (COIP, 2014), dicho requisito de fondo, el cual sería el segundo en el camino de probar la RPPJ, tienen una funcionalidad de filtro que limita al poder punitivo del Estado, evitando que la persona jurídica responda penalmente por actividades que le resultan ajenos, es decir, delitos cometidos por sus empleados para el interés privado que terminan infringiendo daño la imagen de la entidad.
Como criterio jurisprudencial internacional de referencia para entender este requisito de fondo, el Tribunal Supremo Español, en adelante (TSE), hace alusión a que el beneficio significa “cualquier clase de ventaja, incluso de simple expectativa o referida a aspectos tales como la mejora de posición respecto de otros competidores, etc., provechosa para el lucro o para la mera subsistencia de la persona jurídica en cuyo seno el delito de su representante, administrador o subordinado jerárquico, se comete” (Sentencia N° 89-2023 de 10 de febrero, Recurso de Casación N° 5765-2020. Caso Pescanova., 2023). Entendiendo esto, es necesario notar que el beneficio puede ser de diversa índole, directo o indirecto, siendo que ambos, pueden probarse mediante prueba documental o testimonial, pero siempre deben de probarse mediante la prueba pericial, ya sea mediante peritajes contables, auditorías forenses y análisis de trazabilidad financiera que demuestren un beneficio patrimonial, la obtención de contratos de forma irregular o el ingreso de capitales ilegales a las cuentas de la persona jurídica (Suqui, 2025).
Dentro de la audiencia de juicio, la valoración de la prueba en torno al beneficio debe ajustarse por un estándar de idoneidad objetiva ex ante y no por la consecución material ex post (Suqui, 2021), reforzando esto, Menéndez (2025) manifiesta que “se requiere una objetiva tendencia de la acción a conseguir el beneficio (no necesariamente de carácter económico), por lo que es preciso que se constate la idoneidad ex ante de la conducta para que la persona jurídica tenga alguna clase de ventaja asociada a aquella, con independencia de que finalmente no la consiga” (p. 20). Esto nos lleva a que la FGE no estaría obligada de probar que la persona jurídica, tras la realización de la conducta ilícita, consiguió un beneficio económico o incremento de su capital, sino simplemente, con probar la intención de beneficiarse (ex ante) sería suficiente. Es así que la carga probatoria se satisface al probar que la actuación de la persona natural, analizada desde un contexto y momento histórico, tenía la capacidad, la aptitud objetiva y la idoneidad estructural para en un futuro favorecer a la persona jurídica.
Defecto de Organización
Superado los dos primeros requisitos de fondo, el hecho de conexión y el beneficio directo o indirecto, el siguiente presupuesto de imputación fundamental para determinar la RPPJ es el defecto de organización, siendo que en el derecho penal corporativo ecuatoriano donde se utiliza el modelo de autorresponsabilidad, el delito propio de la persona jurídica está basado en su incapacidad de organizar su actividad económica dentro del marco del riesgo jurídicamente aprobado por la sociedad (D. González, 2023), o tal como indica Quito (2023), el fundamento sustancial que posibilita la RPPJ radica en la constatación de este defecto interno de organización, originado por no haber gestionado adecuadamente sus peligros ni previsto reglas de control orientadas a evitar la comisión de delitos. Es decir, la persona jurídica va a responder penalmente por su propio defecto de organización, por la falta de medidas de prevención o por permitir que se cree dentro de sus instalaciones, una cultura corporativa que incentiva o tolera ilícitos y el incumplimiento de la ley, cuando lo ideal es que dentro de la persona jurídica se incentive una cultura de respeto al derecho
En el ámbito procesal penal corporativo, la demostración de la existencia de una defectuosa organización dentro de la persona jurídica requiere un despliegue probatorio activo, siendo la prueba pericial el medio probatorio el que va a tener una mayor fuerza dentro del proceso, siendo pertinentes en este aspecto “la práctica de experticias contables o de cualquier naturaleza relacionada con el delitos y con la defectuosa organización, además de la inspección ocular o reconocimiento del lugar de los hechos, tanto del lugar donde se realizó la infracción cuanto del lugar donde funciona la persona jurídica cuya organización se cuestiona” (Suqui, 2025, p. 420), aunque de la mismo forma se lo podrá probar dicho defecto mediante prueba documental y testimonial de los involucrados. Es así que la imputación objetiva de la persona jurídica requiere que la FGE aporte pruebas que evidencien un descontrol estructural dentro de la empresa, como pueden ser: la ausencia de manuales o reglamentos internos, la inexistencia de canales de denuncia, defectuosos programas de cumplimiento (paper compliance) o la ausencia de estos, entre otros de los requisitos mínimos que se manifiestan en los numerales del art. 49 COIP.
En el caso de que la FGE logra evidenciar esta defectuosa organización, la defensa técnica diligentemente adquiere la imperante necesidad de aportar al proceso pruebas que se contrapongan a lo que dice la FGE, a fin de que se evidencia que la empresa si tenía una cultura corporativa que respetaba el Derecho, por lo que el debate en el juicio oral se encaminar a un análisis profundo de la estructura organizativa de la persona jurídica. En esta línea de ideas, el tribunal debe valorar si el delito cometido por la persona natural fue el resultado del¡ a defectuosa de organización de la empresa, o por el contrario, fue un acto aislado de un sujeto que logró eludir, de manera fraudulenta, las medidas de prevención que legítima y eficazmente instauró la persona jurídica. En razón de este último caso, como lege lata, se estaría materializando una atenuante para la persona jurídica, conforme lo que se manifiesta en el artículo 45.7, d) del COIP.
3.1. Programas de Cumplimiento Normativo (Compliance)
Continuando con el análisis al defecto de organización, emana una figura interesante que se contrapone a dicho defecto, como lo son los programas de cumplimiento normativo (Criminal compliance), en donde el compliance significa la materialización procesal probatoria de que la empresa si cumplió con su deber de control y vigilancia conforme a Derecho, puesto que dichos programas están constituidos generalmente por: sistemas integridad empresarial, mapas de riesgos de delitos, protocolos de control, canales de denuncia (whistleblowing) y la creación de órganos de supervisión independientes a la persona jurídica (Oficiales de Cumplimiento).
Ahora, si bien las corrientes doctrinarias más avanzadas en el tema de RPPJ, como el caso de España o Chile, reconocen al compliance como eximente de la responsabilidad penal de la empresa (en el caso de que sea idóneo y eficaz dicho programa), en Ecuador, tiene un impacto procesal distinto, ya que por el momento el compliance funciona como una circunstancia atenuante de la pena (lege lata) más no como eximente, conforme el artículo 45.7 d) del COIP. No obstante, según Liñán (2022), limitar un programa de cumplimiento idóneo a ser una simple atenuante vulneraría la prohibición de responsabilidad objetiva, por lo que propone una interpretación constitucional en la cual un compliance idóneo y eficaz excluya el defecto de organización y fundamente el sobreseimiento de la persona jurídica (lege ferenda), conforme el art. 605 del COIP.
En relación a la carga de la prueba en la etapa de juicio oral, le corresponde a la FGE la carga inicial de probar el defecto de organización y la ineficiencia del programa de cumplimiento de empresa o la carencia de la misma, en base al principio procesal general de quien alega un hecho debe probarlo, a menos que se utilice defensa técnica activa, alegando la existencia de un programa eficaz para mitigar su responsabilidad penal probando idoneidad del compliance. Suqui (2025) manifiesta que existe una complejidad diferente para cada parte procesal, ya que a la empresa no le resultará complicado evidenciar el compliance, en el sentido de que este puede que tenga más conocimientos y experiencia con esta figura; a diferencia de la FGE que generalmente no cuenta con la especialización técnica ni los materiales que se requiere para probar la ineficacia e ineptitud del compliance.
La carencia de especialización y medios de la FGE incita a los tribunales a depender casi en exclusividad de la prueba predominante, la prueba pericial. En esta línea, es altamente cuestionable la valoración de un requisito fundamental única y exclusivamente en manos del perito a la hora de imputar la RPPJ ya que, tal como advierte Neira (2015), esta dependencia de la prueba pericial “puede implicar riesgos serios para la independencia e imparcialidad judicial a la hora de valorar libremente las pruebas que las partes presentan” (p. 816), en otras palabras, se tiene que ser cautelosos y no ceder en excesos de cientificismos de la prueba.
Para reforzar la idea de lo que significa un compliance idóneo y eficaz, Alvear-Tobar (2024) indica que un auténtico criminal compliance es como un traje hecho a medida para la persona jurídica; por lo que la mera presentación documental de manuales de ética genéricos o descargados no tendría valor jurídico. Esto en razón de que el programa de cumplimiento normativo debería de crearse en razón de las necesidades de cada empresa y de la naturaleza, actividades y actos que tengan las mismas, así pues se entiende la analogía del traje hecho a la medida.
DISCUSIÓN
La dogmática penal contemporánea ha experimentado un cambio paradigmático al superar el aforismo clásico societas delinquere non potest, consolidando un modelo de autorresponsabilidad de la persona jurídica donde la culpabilidad física es reemplazada por el “defecto de organización”. Sin embargo, la revisión crítica del ordenamiento jurídico penal ecuatoriano revela una importante deficiencia metodológica siendo esta la falta de la delimitación de un estándar probatorio objetivo para determinar la idoneidad de los programas de cumplimiento.
Como señalan Yepes & Toro (2024), la ausencia de un estándar probatorio normativamente controlado genera un riesgo inminente de que las decisiones judiciales dependan de valoraciones subjetivas. Cuando las reglas legales no ofrecen una guía clara de suficiencia, la predictibilidad del sistema se agota, obligando al juzgador a resolver mediante un ejercicio de discrecionalidad fuerte. En el juzgamiento de las personas jurídicas bajo el artículo 49 del COIP, esta indeterminación afecta directamente el principio de seguridad jurídica y la garantía de motivación. La acusación, representada por la FGE, debe asumir la carga de probar más allá de toda duda razonable la concurrencia de los presupuestos de fondo como lo son el hecho de conexión, el beneficio y el defecto de organización. En esta dinámica probatoria, la falta de parámetros técnicos de valoración para el compliance distorsiona la defensa de las personas jurídicas. En el contexto ecuatoriano, los programas de cumplimiento solo constituyen una atenuante de la pena mas no una eximente de responsabilidad como ocurre en legislaciones comparadas como lo es España o Chile. Esta limitación, sumada a la ausencia de los criterios objetivos de evaluación, fomentan el fenómeno de paper compliance, que son protocolos formales o manuales estandarizados sin aplicación real en la cultura organizacional. Alvear y Tobar (2024) enfatiza que un verdadero programa de cumplimiento debe ser diseñado como “un traje hecho a medida “de la empresa. No obstante, al no existir reglas objetivas para verificar esta efectividad ex ante, los tribunales dependen de manera casi exclusiva de la prueba pericial. Como advierte Neira (2015), delegar la valoración de la debida diligencia empresarial únicamente al criterio del perito entraña severos riesgos para la imparcialidad e independencia judicial, sustituyendo la ponderación de los jueces por excesos cientificistas.
Por consiguiente, se determina que el régimen procesal penal ecuatoriano adolece de una falta de calibración en el estándar de prueba aplicable a la persona jurídica de derecho privado.
Para garantizar un debido proceso y una debida diligencia empresarial efectiva, resulta imprescindible incorporar reformas y lineamientos técnicos que otorguen reglas de idoneidad metodológica. Solo así se evitará la arbitrariedad judicial y se asegurará un marco de imputación predecible en el derecho penal corporativo ecuatoriano.
CONCLUSIÓN
La presente investigación se configuró en base a la inmediata necesidad de analizar el estándar probatorio aplicable a la imputación penal de las personas jurídicas de derecho privado en la legislación ecuatoriana y ha permitido evidenciar una profunda, alarmante e interesante asimetría normativa en el sistema de la RPPJ, así pues el objetivo central de la investigación se cumplió con el debido rigor, científico y doctrinario, al demostrar cómo los requisitos exigidos por la dogmática penal para la imputación corporativa que son manifestadas de forma tácita en el COIP se ven envueltas en una colisión en la esfera práctica o procesal, debido a una evidente deficiencia en la regulación procesal para la materia específica. Primero se ha constatado que la transición del sistema penal ecuatoriano del modelo de inimputabilidad corporativa (societas delinquere non potest) hacia el modelo actual de autorresponsabilidad no tuvo un acompañamiento de suficientes normas procesales claras que establezcan las reglas exactas sobre cómo, cuánto y con qué rigor se deben probar los requisitos sustanciales del delito corporativo, dejando ciertos vacíos que comprometen la tutela judicial efectiva en materia de RPPJ.
Como hallazgo principal, el análisis expone que la imputación corporativa no es una simple extensión de la responsabilidad de la persona natural que es parte de la empresa o corporación, ya que aquí se estaría apuntado a un sistema de heterorresponsabilidad, sistema que no es usado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, más bien, la realidad es que la imputación penal de la persona jurídica que exige que en el juicio se acrediten todos los presupuestos formales y materiales propio, para que así el juez pueda determinar la RPPJ, bajo el criterio de más allá de toda duda razonable. Asimismo se evidenció la rigurosidad de individualizar al ente corporativo a través de la acreditación de su personalidad jurídica, la cual dependerá de la ley a la cual esté sujeta dicha corporación, teniendo en cuenta que esta sea del derecho privado; además, se expusó el catálogo cerrado de delitos, o numerus clausus, en el cual se deben de encuadrar las acciones de la persona jurídica para su futura imputación. Por otro lado, ya en la profundidad del ámbito procesal probatorio, se demostró que la carga de la prueba que tendrá la FGE debe abarcar obligatoriamente la prueba que demuestre el hecho de conexión, un beneficio directo o indirecto analizado desde una perspectiva ex ante, y, principalmente se debe de demostrar que dentro de la persona jurídica existía una deficiente organización. Siendo este último requisito material, el pilar fundamental para entender y evidenciar la culpabilidad de la corporación en el sistema de RPPJ, ya que esta representa la omisión corporativa del deber de vigilancia, dirección y control empresarial.
Siguiendo con la línea anterior, y en un análisis valorativo profundo del defecto de organización, se logra encontrar la figura que representa lo contrario a una defectuosa organización, siendo este los compliance programs o los programas de cumplimiento normativo, en cuanto a esta figura, la investigación advierte de una cuestión teórica y práctica sumamente peligrosa y crítica en materia procesal penal, esto es la indeterminación del estándar de prueba para estos compliance programs al no existir directrices procesales objetivas en la norma, refiriéndonos al COIP, que calibren la idoneidad material, la validez y la eficacia de un programa de cumplimiento. Esta insuficiencia impide que los jueces puedan diferenciar con certeza un compliance idóneo y eficaz, diseñado para la naturaleza de la persona jurídica y los riesgos reales de la misma, de un paper compliance que cuenta con las características antes mencionadas. Se evidenció que, en el sistema procesal penal y el COIP esta figura funciona únicamente como una circunstancia atenuante (lege lata) y carece de reglas claras para su valoración en un juicio, siendo que hasta el momento la normativa no cuenta con dichas reglas de forma taxativa.
En línea con lo anterior, los resultados de la investigación validan la hipótesis central que ha sido planteada, evidenciando que este vacío procedimental taxativo generaría una dependencia hacia la prueba pericial, ya que esta prueba es la más idónea para valorar los programas de cumplimiento; lo peligroso está en que ante la falta de herramientas técnicas y jurídicas precisas, y la habitual insuficiencia de especialización por parte de los servidores públicos de la FGE, el sistema penal ecuatoriano, en cuanto la imputación penal de la persona jurídica, opta por delegar la valoración de la deficiente organización y del compliance a los peritos. Esta excesiva dependencia, representa un riesgo importante tanto para la independencia e imparcialidad judicial, ya que desplaza la ponderación estrictamente jurídica que debe de realizar el juzgador hacia un plano de cientificismo técnico, desnaturalizando la función del juez como director del proceso y soberano en la valoración probatoria.
La contribución más importante de este artículo está en haber expuesto y fundamentado dogmáticamente que, si bien en la práctica se usa la prueba pericial para valorar todos los requisitos de fondo a fin de sancionar o no a la persona jurídica, también es un hecho que el ordenamiento jurídico procesal penal ecuatoriano no cuenta con una suficiente, clara y precisa regulación que manifieste expresamente los estándares de prueba, esta ausencia de criterios normativos que orienten al juez en la valoración de los requisitos de fondo vulnera de manera directa el principio de seguridad jurídica, el derecho a la defensa y el debido proceso. Queda en evidencia que, mientras siga existiendo esta brecha entre la riqueza dogmática de la autorresponsabilidad y la insuficiencia de sus reglas probatorias procesales, el proceso penal de las personas jurídicas en el Ecuador seguirá siendo un ejercicio de apreciación subjetiva, lejos de la rigurosidad, previsibilidad y objetividad que se le exige a un verdadero Estado constitucional de derechos y justicia.
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