Eficacia y Eficiencia del órgano y Estructura Organizativa del Sistema Procesal Penal Ecuatoriano en Flagrancia

 

Effectiveness and efficiency of the organizational structure and mechanisms of Ecuador´s criminal procedure system

 

Marolyn Margarita Macas Párraga1, Xiomara Lizbeth Valarezo Maldonado2 y Gabriel Yovany Suqui Romero3

1Universidad Técnica de Machala, mmacas22@utmachala.edu.ec, https://orcid.org/0009-0002-1177-6763, Ecuador

2Universidad Técnica de Machala, xvalarezo1@utmachala.edu.ec, https://orcid.org/0009-0000-7326-7177, Ecuador

3Universidad Técnica de Machala, gsuqui@utmachala.edu.ec, https://orcid.org/0000-0002-3704-8193, Ecuador

 

 

Información del Artículo

 

RESUMEN

 

 

Trazabilidad:

Recibido 20-10-2026

Revisado 21-10-2026

Aceptado 15-11-2026

 

 

 

El Derecho se caracteriza por ser evolutivo, se adapta a las necesidades de la sociedad; en Ecuador, la administración de justicia penal ha atravesado por distintos cambios en la historia, incidiendo plenamente desde cómo se encuentra estructurado el sistema procesal que parte en el carácter normativo, desde antes y después de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el año 2014.  Con el COIP, el sistema procesal penal se adaptó a las necesidades normativas y procedimentales, como en el caso de la flagrancia, que conlleva a un tema especial respecto a su tratamiento, ya que, en el marco normativo, prevé que sea uno eficaz y eficiente, sin embargo, para la flagrancia, el sistema y la administración de justicia requiere de atención especial. Autores nacionales e internacionales, infieren en que, para ser un sistema eficaz y eficiente, la atención recae en la correcta y organizada distribución de responsabilidades sin sobre ella recaiga el estereotipo de la rapidez en que se deben resolver los procesos. Las causas de ineficacia e ineficiencia deben ser resueltas al tenor de la norma penal. Una incorrecta gestión en la administración de justicia, infiere en un problema del sistema en cuanto a su estructura organizativa.

 

Palabras Clave:

Eficacia

Eficiencia

Administración de justicia

Sistema Procesal penal

Flagrancia

 

 

Keywords:

Effectiveness

Efficiency

Administration of Justice

Criminal Procedure System

Flagrancy

 

ABSTRACT

The law is characterized by its evolutionary nature; it adapts to the needs of society. In Ecuador, the administration of criminal justice has undergone various changes throughout history, which have had a profound impact on the structure of the procedural system—a system rooted in the legal framework—both before and after the Comprehensive Organic Criminal Code (COIP) took effect in 2014.

With the COIP, the criminal procedural system was adapted to regulatory and procedural needs, as in the case of offenses committed in flagrante delicto, which presents a special challenge in terms of its handling. While the regulatory framework provides for an effective and efficient system, the administration of justice requires special attention when dealing with offenses committed in flagrante delicto. National and international authors conclude that for a system to be effective and efficient, the focus must be on the proper and organized distribution of responsibilities, without being burdened by the stereotype that cases must be resolved quickly. The causes of ineffectiveness and inefficiency must be addressed in accordance with criminal law. Mismanagement in the administration of justice points to a systemic problem regarding its organizational structure.

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

En el Ecuador, hablar sobre administración de justicia penal conlleva a analizar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que desde antes y después de su vigencia a partir del año 2014, insta a la atención y comprensión de su marco normativo, comprendiendo que a partir de ella proviene su influencia en el campo práctico respecto a principios, procedimiento, competencias, y sobre todo tipos penales.

Por otro lado, el sistema procesal penal, parte de la administración de justicia como un medio para la investigación y juzgamiento de procesos penales, en la que si dicho sistema se encuentra estructurado de forma ineficaz e ineficiente, sin cumplir con las garantías básicas del debido proceso, recae en impunidad y desconfianza en el sistema caracterizado principalmente por ser un garante de derechos no solo a los que activan el proceso penal, generalmente los denunciantes, si no también a los mismos procesados. En esa línea, es vital que dicha administración de justicia, a partir del sistema procesal penal, sea de calidad sin que netamente se la valore por su rapidez, sino también en el cumplimiento del debido proceso que dicta la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76.

En dicho sentido, la eficacia y eficiencia, encarnan bases primordiales, no solo como principios, también como como ejes centrales relacionados a la par, aunque desarrollados de forma diferente.

La diferenciación entre ambos términos, permite el análisis del presente trabajo, además de la comprensión desde el ámbito normativo y sistemático procesal. Espinel (2024) señala que el retardo en la resolución de los casos inquieta la confianza en el sistema judicial procesal, por lo que resulta indispensable encontrar un equilibrio entre calidad y celeridad en la administración de justicia.

El Código Orgánico Integral Penal, es el cuerpo normativo que sentó y reforzó las bases procedimentales del proceso penal, no obstante, al hacer mención la flagrancia, da origen a la necesidad de analisis en cuanto a su eficacia y eficiencia.

Para los casos flagrantes, el sistema procesal penal, representa un mecanismo de garantía oportuna, contra delitos tipificados y sancionados en el COIP, pero aun con el cuerpo normativo regulado que guía el sistema procesal penal en la administración de justicia, no es razón suficiente para manifestar que dicho sistema es eficaz y eficiente, debido a la incidencia de más factores clave, como la distribución de competencias, la organización y el cumplimiento efectivo de las garantías del debido proceso, tal como lo manifiestan los diferentes autores contenidos en la investigación como Cárdenas y Vásquez (2026) en conjunto con Sisalema y Mayorga (2024), de los cuales han aportados ideas clave tanto jurídicas como doctrinarias, para comprender la normativa aplicable.

Los factores como la sobrecarga procesal, la incorrecta gestión en la administración y las deficiencias en la estructura organizativa son posibles causas identificadas, que agravan la calidad de la administración de justicia generando no solo transgresiones a las garantías, también fortalecen a la desconfianza de las personas al sistema judicial procedimental.  El objetivo principal de este estudio se centra en analizar la crítica, la eficacia y eficiencia del sistema procesal penal ecuatoriano en flagrancia, respecto a su organización y administración de justicia penal, mediante el estudio jurídico, normativo y procedimental en el COIP, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de su aplicabilidad y funcionalidad a la administración de justicia penal en los casos flagrantes. De aquel objetivo surge la interrogante sobre ¿cómo la organización del sistema procesal penal ecuatoriano, en los casos de flagrancia, garantiza la eficacia y eficiencia de la administración de justicia penal?, por que, ante la hipótesis, el sistema no es en su totalidad eficaz y eficiente, aun cuando dispone de la normativa aplicable conjuntamente con los principios básicos y las garantías del debido proceso. Un sistema organizado de forma ineficaz e ineficiente resulta en la afectación a la calidad de administrar justicia y recae en la desconfianza de la sociedad al sistema.

 

Sistema Procesal penal ecuatoriano

Tal como se ha mencionado, la base de todo Estado de Derechos y garantías, es la eficaz y eficiente del sistema para la administración de justicia, que, en materia penal, busca efectuarse desde el marco normativo procedimental. Para un sistema acusatorio como lo es en el caso de Ecuador, Sisalema y Mayorga (2024) concuerdan sobre la apropiada distribución de competencias judiciales, destacando que es una necesidad de primer nivel, una administración competente; esto refiriéndose nuevamente a la noción del debido proceso del numeral 3 del artículo 76 de la Constitución.

En otras palabras, la administración de justicia dentro del sistema procesal, se funda como un pilar que garantiza un sistema imparcial, eficaz y eficiente, de lo que depende una distribución de competencias de forma efectiva.

El sistema procesal penal, entendido de diferente forma, como el conjunto, de principios y procedimientos que direccionan el conocimiento, la investigación y la resolución de procesos penales, según Cortez et al. (2023) no puede transcurrir de forma arbitraria a los fundamentos base constitucionales. Por lo que, como menciona Alajo et al. (2026), si el sistema opera de forma arbitraria, privilegiando una apariencia superficial de legalidad sin hacer ejercicio del debido control constitucional, este sistema de vuelve en un mero instrumento social con falta de legitimidad real, atrayendo consigo efectos negativos para las partes y al propio sistema procesal. El cumplimiento de formalidades no representa una dilatación al tiempo en que debe resolverse un proceso penal, se prevé que este cumplimiento normativo otorgue confianza en la organización; pero este tipo de formalidades debe llevase a cabo con un control necesario, el cual garantice que la investigación, las diligencias y demás formalismos no sean realizadas de forma innecesaria sin aporte al caso, es de ahí donde se origina el problema de apariencia de legalidad a la que hace mención Alajo en el párrafo anterior.

Un dato relevante al sistema procesal penal, respecto a su eficacia y eficiencia es la transparencia, la que según Freire (2024) condiciona la legitimidad del órgano jurisdiccional, en el que si llegare a faltar este elemento resultaría en el origen a un fenómeno denominado corrupción judicial, que en conjunto con otras causas de deficiencias del sistema debilitan la administración de justicia. Este mismo autor afirma que el sistema procesal penal ecuatoriano se encuentra en un dilema, puesto que afronta diversos retos de los que aun prevé oportunidad de mejora.  Por ello, resulta indispensable verificar la legalidad de las actuaciones, priorizando de cumplimiento de la norma y que estas no sean de cumplimiento aparente como se mencionó anteriormente. Guerra (2025) en síntesis con Freire señala que el combate contra el fenómeno de corrupción judicial por falta de transparencia, debe orientarse a estrategias que restituyan la confianza en el órgano jurisdiccional, ya que dicha desconfianza supone una consecuencia ampliamente visible de dicho fenómeno. Ambos autores advierten que la resolución de los procesos de forma apropiada sin irregularidades y con atención a la transparencia, permite que la ciudadanía conciba al sistema como eficaz y eficiente. Respecto a la celeridad, anteriormente señalado, Batioja y Alvarado (2025) concluyen que pese a existir una incorporación de la celeridad procesal en Ecuador, dentro marco normativo en atención a estándares internacionales, aún existen limitantes a su práctica. Tanto Freire como Guerra infieren en que las deficiencias organizativas no deben solo evaluarse desde la disponibilidad de recursos, también en los mecanismos de control, la claridad en la distribución de responsabilidades y sobre todo en la transparencia de las actuaciones de los operadores jurídicos.

 

Flagrancia y organización judicial penal

A partir de la comisión de un delito, en donde el sujeto es sorprendido en el acto, se configura la flagrancia, de la misma forma ocurre en los casos que sin haberse sorprendido al sujeto se superponen las circunstancias y elementos que permiten inferir en su autoría (Salas, 2024).

El artículo 527 del COIP, precisa de forma normativa que existe flagrancias cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito frente a una o más personas, o cuando este es descubierto de forma inmediata luego de la comisión como tal,

Se debe entender, que dentro del COIP, la flagrancia puede conocerse según su naturaleza en cuatro tipos de procedimiento principalmente; empezando por el procedimiento ordinario, que llega a su disposición cuando traten delitos de más de cinco años con pena privativa de libertad, atravesando por tres etapas desde la instrucción fiscal con una duración de 30 días hasta un máximo de 60 días de acuerdo al artículo 592 numeral 2 de la mencionada norma y en adelante sobre ella, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y el juicio como etapa final según el orden que hace mención el artículo 589. Simultáneamente, los procedimientos especiales también influyen en la resolución de casos flagrantes el procedimiento directo, es el que agrupa todas las etapas del proceso como tal, en una sola audiencia de juicio, para los delitos con pena máxima de hasta cinco años de prisión y hasta 30 salarios básicos unificados en lo referente a delitos contra la propiedad, según lo que regula el artículo 640 numeral 2, excluyéndose delitos que atenten contra la administración pública, inviolabilidad de la vida e integridad personal, contra la libertar personal con resultado de muerte, contra la integridad sexual y reproductiva y los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familia. En lo relacionado a contravenciones será competente el procedimiento expedito para desarrollarse en una sola audiencia pudiendo ser posible la conciliación en atención al artículo 641. Por otro lado, el procedimiento abreviado, exceptuándose los delitos que hace mención el numeral 1 del artículo 635 que regula las reglas para su desarrollo, es otro medio por el cual la flagrancia puede disponer de su resolución.

El cumplimiento del debido proceso, garantiza la legitimidad del proceso y administración de justicia, sin perjuicio de desacreditar el estado constitucional de derechos y justicia que caracteriza al Ecuador, en apalabras de Morales (2022). Por otro lado, Ochoa et al., (2025) sugieren que una forma de aportar a la eficacia y eficiencia del sistema procesal penal, previene de la optimización de recursos. Sin embargo, también depende que además de la organización, las piezas clave del Estado deben moverse en sincronía; piezas como el personal de policía y la fiscalía quienes son los primeros en atender y responder ante una flagrancia (Paladinez et al., 2024).

El dilema por presentar resultados por parte del Estado, no debe ser usado como justificativo a la falta de las garantías del debido proceso, por lo que recalcar la intervención y cooperación estrecha entre los órganos judiciales es un adicional más para la contribución a la eficacia y eficiencia del sistema. La observancia, el respecto a los principios y garantías básicas constitucionales del debido proceso, el seguimiento y cumplimiento de las normas y aspectos formales, influyen significativamente al sistema para que este no recaiga en incertidumbre o duda, acercándolo así a un modelo que pueda llamarse eficaz y eficiente en su mayoría.

La organización judicial penal en el Ecuador, opera mediante entidades con fines específicos, entre estos fines se encuentra, alcanzar una justicia ágil, imparcial y con respecto a las libertades básicas. Sin limitarse exclusivamente a cumplir con la norma, ejerce como un mecanismo colaborativo de control entre órganos, fortaleciendo la estabilidad institucional y punitiva del estado, evitando excesos de autoridad y competencias. Borja et al., (2025) aleja que la clave para conservar el equilibrio entre quienes ejercen el rol de investigar, acusar, defender y juzgar, radica en las competencias específicas que asume cada órgano, de las que se complementan entre ellas para un buen desarrollo del proceso penal, tal y como se hacían mención en párrafos anteriores.

Empezando por el poder judicial, representa un activo impulsador a la administración de justicia, no solo tratando temas administrativos sobre tribunales, sino allanando el camino para la resolución de conflictos por lo general. En el campo penal, la demanda para el juzgamiento de los delitos se torna compleja, porque el sistema no se dedica a sancionar los delitos sin más, este trata de investigar y llegar al convencimiento del administrador de justicia. Debe operar bajo la tutela de la norma máxima, la Constitución y el cuerpo procedimental conformado por el COIP. Por lo que el papel del juzgador se centra en cumplir con tres características esenciales: imparcialidad, independencia y competencia; siendo el administrador de justicia actúa en otras palabras como una extensión para ejercer el poder punitivo del Estado.

Su intervención y carácter resolutivo, está orientado a la valoración de las pruebas y los hechos demostrados en las audiencias. La fiscalía, es otro órgano motor del impulso a los fines del sistema procesal penal, en un modelo acusatorio, es el órgano de investigación principal, que ejerce la acción pública, responsable de llevar consigo el dictamen acusatorio ante la justicia, y al igual que los demás órganos intervinientes la ley dispone y regula los límites de actuación, centrándolo al cumplimiento de un principio propio de objetividad. Dicha objetividad sobrepone el compromiso de recopilar elementos tanto de cargo como de descargo, debe centrarse en ambos elementos sin adentrarse a su carácter acusatorio de forma brusca, de ahí radica su principio objetivo, encontrar y llevar al conocimiento del administrador de justicia los elementos de convicción que lo guíen a sentar o no un dictamen acusatorio o abstentivo.

El equilibrio, entre el cumplimiento a la norma y el rol característico de cada pate u órgano, va más allá de la mera formalidad, este equilibrio no se adecúa de forma superficial a un sistema acusatorio de administración de justicia penal; asegura que el proceso alcance la verdad no solo material si no también procesal; en concordancia a esto López y Gende (2022) concluyen que se requiere de un ajuste a la normativa de forma especial, para que guíe la protección y debida comprensión del cumplimiento y aplicación de las garantías del debido proceso.

 

Legislación Penal Ecuatoriana

El debido proceso, en el Ecuador, se encuentra inmerso y regulado en las garantías básicas constitucionales que dicta el artículo 76 de la Constitución de la República, el cual sirve de fundamento esencial al sistema procesal penal ecuatoriano, ya que direcciona el ejercicio de la potestad jurisdiccional limitando a su vez el poder punitivo del Estado, es decir, marca el límite entre lo objetivo y lo subjetivo. Las garantías básicas a las que hace mención el artículo antes mencionado, comprenden principios elementales e indispensables para la administración de justicia penal, como el derecho a la defensa, el cumplimiento de la norma, legalidad de la prueba, entre otros; lo importante no solo implica la interpretación, sino también el valor de fondo que representa un mecanismo de defensa para las personas, con el fin de precautelar sus derechos, por lo que en ese sentido dichos principios provenientes de las garantías influyen en el balance entre la satisfacción de las necesidades de la sociedad, comprendido en el Estado y la protección de las garantías, libertades y derechos. Esto en concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial, que en su artículo 14, refiere a la autonomía que goza la Función Judicial, orientado al cumplimiento de sus competencias, a la atención y prestación del servicio.

Es importante resaltar esta relación, en razón de su atribución a la administración de justicia, manifestando que los órganos judiciales están a disposición de lo que dicta la norma constitucional y procedimental como el Código Orgánico Integral Penal y El Código Orgánico de la Función Judicial.  La flagrancia, como anteriormente se ha indicado, abarca un modelo de atención inmediata, desde la presunción de la comisión de un delito, dicho eso, interviene la participación de los distintos órganos judiciales e investigativos, ya que la atención no depende netamente del administrador de justicia penal, de ahí radica la organización y el cómo está estructurado el sistema. Esto es en línea con lo que determinó el Consejo de la Judicatura como antecedente, mediante una evaluación al modelo de Gestión de la Unidad de Flagrancia en la provincia de Pichincha en el año 2025, menciona que el buen desenvolvimiento y funcionamiento de la administración de justicia en los casos flagrantes incide estrechamente en la organización. En razón a esto nace la siguiente idea, la eficacia y eficiencia del sistema procesal en cuanto a la administración de justicia no depende ya únicamente del cumplimiento de las normas, también conlleva la capacidad organizativa de las instituciones para aplicar dichas normas sin congestionarse, ni recaer en demoras. La organización abre paso al beneficio de aprovechamiento de recursos, optimización del sistema procesal, fortalecimiento estructural de la función judicial y órganos investigativos, esto privilegiando las garantías del debido proceso. El COIP, como cuerpo normativo principal en materia penal, incluye principios destinados a direccionar las actuaciones de jueces, fiscales, defensores y demás operadores al tenor del marco jurídico normativo. Es tal y como Vásquez et al., (2026) señalan, de que la norma está constituida mediante una secuencia procesal lógica en sintonía con el sistema procesal penal acusatorio. Razón suficiente para que Cabezas et al., (2026) reafirmen que el COIP busca la eficacia procesal y que por su lado la adaptabilidad del sistema busque a su vez la eficiencia procesal, como lo expresan Arroyo y López (2024). Respecto a las reformas, en cuanto a normativa sobre flagrancia, Román (2024) expresa que se han flexibilizado las garantías del debido proceso, ya que sugiere que el sistema de garantías del debido proceso se dispone desde un principio para su estricto cumplimiento en la lucha frente al control social y la seguridad. De la misma forma concuerdan Moposita y Villalba (2024), indicando que no representan un tema legal si no administrativo.

 

Derecho Comparado

A comparación con Ecuador, en el territorio Peruano, el sistema procesal penal se encuentra regulado por el Código Procesal Penal Peruano, en el que basa su sistema procedimental para la flagrancia, en un modelo de organización especializado, es decir, su forma de administrar justicia, no es muy distinto al de Ecuador, puesto que su organización se centra en unidades especializadas, las cuales permiten que el proceso de conocimiento, investigación y juzgamiento sea llevado de forma más simplificada, esto según lo que estipula los artículos  259, 446 y 448 del mencionado cuerpo normativo.

En Colombia, no muy alejado a los fines de Ecuador y Perú, su sistema está orientado a lo que mencionaba la Ley 906 del año 2004, la cual regulaba la forma de administrar justicia aun proceso penal flagrante a través del procedimiento abreviado, lo que refieren sus artículos 301 y 302. Su modelo sistemático es más parecido con el de Perú, al establecer procedimientos simplificados, sobre todo con la reforma a la ley mencionada, con la Ley 2477 de 2025 que aborda la descongestión judicial para la administración de justicia; un punto clave para un sistema eficaz y eficiente, es decir que su cuerpo normativo busca implementar medidas que alivien y mejoren la calidad de la administración de justicia penal y referente a la gestión de los procesos.

Con esta comparación, se puede inferir que los cuerpos normativos de Ecuador, Perú y Colombia, respecto a cómo está organizado su sistema procesal respecto a la administración de justicia penal para casos flagrantes, no están alejados a sus fines. La finalidad de poder adaptar sus sistemas a ser eficaces y eficientes demuestra un punto esencial, la disponibilidad de incorporar y adaptar medidas útiles sin que sean contrarias a la norma y no solo demostrarlo en la rapidez, también en la gestión y organización de sus sistemas.

Perú y Colombia centran sus sistemas procesales a una administración de justicia inmediata, llevando su conocimiento, investigación y juzgamiento a unidades especializadas y procedimiento abreviado. Sin embargo, Ecuador dispone una serie de procedimientos y formalidades según la naturaleza del proceso y del tipo penal puesto a conocimiento de la autoridad competente, en los casos de sorprenderse a uno o más sujetos en flagrancia, en línea con lo analizado en el apartado sobre la flagrancia, dentro de este trabajo. Pero con esto, no se está manifestando que dichos procesos y formalidades sean innecesarios y que demoran su atención, al contrario, se analiza que, en el caso de Ecuador, estos sean llevados a cabo de forma eficaz y eficiente, en atención al debido proceso y principios fundamentales que se han venido destacado a lo largo del estudio.

 

MATERIALES Y MÉTODOS

 

El presente artículo, se orienta a una investigación de tipo documental con un enfoque cualitativo, en la que, por su diseño, se inspira en una investigación de análisis jurídico, normativo y doctrinario, referente a la comprensión sobre la eficacia y eficiencia del sistema procesal penal en cuanto a su organización para la administración de justicia penal en atención a la flagrancia. Para exponer dicha investigación, el artículo se enfoca a una descripción analítica, basado en el estudio documental, en la que no se mide de forma cuantitativa mediante un estudio de campo a través de entrevistas o encuestas respecto al desarrollo de las dependencias de la Función Judicial.

La investigación, contenida en el trabajo, aborda métodos tanto generales como particulares; entre los generales se encuentran el método deductivo e inductivo, que respectivamente aportan al entendimiento y comprensión del funcionamiento del sistema procesal en cuanto a la flagrancia, dividiendo y volviendo a unir partes concretas de la investigación documental para obtener un análisis jurídico respecto a la eficacia y eficiencia. Como métodos particulares, se emplean principalmente el método histórico, esencial para conocer el avance del sistema procesal a lo largo del tiempo buscando adaptarse a las necesidades sociales procedimentales en cuanto a la administración de justicia en procesos penales flagrantes; conjuntamente con el método analítico, imprescindible para comprender de forma jurídica y normativa  al sistema procesal en cuanto a su organización y administración de justicia penal en casos flagrantes; de la misma forma se utiliza el método sintético, para con el análisis y los resultados de la investigación documental, llegar a una conclusión de valoración crítica a la eficacia del sistema y su estructura organizativa para la administración de justicia, teniendo en cuenta la comparación entre legislaciones de países cercanos al Ecuador, siendo este el método comparativo que permitirá determinar semejanzas y diferencias respecto a la administración de justicia penal en casos flagrantes de cada legislación; finalmente el método exegético, necesario para la interpretación de la norma, respecto al procedimiento para la atención de casos sorprendidos en flagrancia según el Código Orgánico Integral Penal y sobre todo la aplicación de las garantías básicas constitucionales del debido proceso que ordena la máxima norma jurídica, la Constitución de la República.

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 

La adecuada administración de justicia penal, conlleva a optimizar el sistema procesal penal, en cuanto a recursos, modernización, disponibilidad y otros factores; volviéndolo un modelo eficaz y eficiente. Por un lado, la eficacia, que se refiere a la capacidad de respuesta que sostienen los órganos de justicia, en atención a sus funciones distribuidas en razón de competencias por el ordenamiento jurídico para la investigación, el juzgamiento y la resolución o sanción de tipos penales dispuestos a su conocimiento.

La eficiencia, en su parte, discierne en el beneficio del debido aprovechamiento de los recursos para lograr las metas propuestas, esto en flagrancia significa cumplir con el procedimiento dentro del plazo establecido. Dicho en palabras de Alarcón y García (2025), la razón de eficiencia radica en dar paso a una distribución equitativa, esto es cuanto, a carga laboral, para agilizar procesos, permitiendo que exista un óptimo aprovechamiento de recursos para contribuir positivamente al sistema.

Con estos preceptos, Guerra y Duran (2026) destacan la aplicación de estándares no solo de ámbito nacional si no también internacional, para la interpretación y aplicación de las garantías procesales; para Espinel (2024) citando a Carrillo (2022) asemeja la eficiencia con la celeridad y la simplificación del procedimiento, en razón de que sus significados se interpretan en evadir demoras que dilaten el proceso, fortaleciendo a su paso la confianza en el sistema judicial. Pero se debe entender que tanto eficacia como eficiencia son términos estrechamente relacionados, es decir que una resolución oportuna en atención meramente al principio de celeridad, no debe percibirse como la única finalidad por el que funciona la administración de justicia, esta debe coexistir con la aplicabilidad de la norma y demás principios de las garantías básicas del debido proceso.

En una suposición, por más que el sistema procesal penal actual, tramite un una mayor cantidad de procesos en menor tiempo, no significa que sea eficaz, aun así pueden existir vacíos en las actuaciones, por las cuales no consienta resoluciones fundamentadas, vulnerando así las garantías y derechos de los que intervienen en el proceso, además de provocar de forma directa o indirecta el debilitamiento de la confianza ciudadana, tal y como mencionan Freire et al., (2025), que junto con la falta de impulso en los procesos por razones de tiempos extendidos innecesariamente, resulta percibiendo una transgresión al sentido de justicia. 

Para Cárdenas y Vásquez (2026) es necesario dejar de lado métodos y modelos que no den respuesta a las exigencias actuales; por lo que nuevamente se insta a que la eficacia se conciba complementariamente en lo que refiere al cumplimiento de la normativa mediante una gestión estructurada de forma eficaz en la capacidad de respuesta, y eficiente en el sentido del aprovechamiento de recursos y tiempos. Pero, de acuerdo con Yanouch y Redrobán (2025), en Ecuador opera un sistema de modelo fiscalizado, por el que manifiestan que, de dicho tipo de sistema, a falta de recursos necesarios reduce la capacidad de eficacia demorando una respuesta penal a falta de acción oportuna. Los autores mencionados invitan al análisis de estas posturas, puesto que, si bien existen aciertos, también le siguen desventajas y sugerencias para el mejoramiento del sistema.

 

CONCLUSIÓN

 

Normativamente el sistema procesal penal para atender casos flagrantes en el Ecuador es eficaz y eficiente, esto según lo regulado en el artículo 527 del COIP; donde dicho cuerpo normativo dirige la coordinación institucional y la administración de justicia penal. Pero, por otra parte, el órgano judicial entra en juego; respecto a la estructura de atención, el juez de garantías penales interviene como primer filtro seguido del tribunal de garantías, quienes toman las riendas en la etapa final de juicio, es por ello que es necesario manifestar en primer orden que la Fiscalía al ser un órgano rector respecto a la investigación y ejecución de la acción pública, es eficiente, con la guía de la norma, le permite reunir elementos de convicción necesarios para determinar la posible existencia de culpabilidad en un caso.

Respecto a los principios que dicta la norma penal, el COIP, estos influyen de manera considerable al sistema procesal en cuanto a la flagrancia, ya que son los mismos que permiten el debido proceso, no solo en cuanto a la celeridad para ser eficientes; dicha norma es el eslabón que permite comprender los procedimientos y plazos desde el artículo 526 al 529 sobre la flagrancia.

El sistema procesal penal en el Ecuador, en cuanto a su estructura organizativa para la administración de justicia, se encuentra descrita y fundamentada tanto en la Constitución como máximo ordenamiento y en el Código Orgánico General de procesos, entablando principios y normas que orientan a la buena gestión y desarrollo de los procesos penales en cuanto al conocimiento, investigación y juzgamiento de delitos flagrantes.

La apariencia legal superficial, la rapidez sin observancia a los principios básicos de las garantías del debido proceso, la falta de transparencia y legitimidad, la falta de cooperación entre órganos y una falta de organización, son algunas de las causas identificadas, a las que se deben poner especial atención, son a partir de estas causas que provocan una decadencia en el sistema, volviendo lo poco eficaz y eficiente para una correcta administración de justicia penal.

La atención a estos elementos es de vital importancia para el fortalecimiento del sistema, que, en lo concerniente a materia penal sobre el juzgamiento de delitos flagrantes en un modelo acusatorio, requiere ser eficaz y efectivo no solo en el tiempo de resolución, también lo referente al cumplimiento normativo y las garantías básicas constitucionales del debido proceso.

Cómo una alternativa a la contribución de este fin, es necesario plantear mejoras que procuren solventar la solución, o reducción de las causas de la ineficacia e ineficiencia del sistema procesal para la administración de justicia; se concluye que el sistema normativamente es suficiente para alcanzar dicha meta, pero, en el ámbito practico es recomendable adoptar e implementar medidas para que el sistema al momento de atender casos flagrantes, su resolución sea oportuna, con observancia al debido proceso y sus garantías sin la omisión de formalidades.

 

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