Motivación Judicial en cuantificación del daño inmaterial como medida de reparación integral Estatal: Caso Factory

 

Judicial Reasoning in the Quantification of Non-Material Damage as a Measure of State Integral Reparation: Caso Factory

 

Ximena Liz Ramón Gadñay1, Ximena Darlene Chapin Cruz2 y José Eduardo Correa Calderón3

1Universidad Técnica de Machala, xramon3@utmachala.edu.ec, https://orcid.org/0009-0004-9935-0680, Ecuador

2Universidad Técnica de Machala, xchapin1@utmachala.edu.ec, https://orcid.org/0009-0009-6087-8919, Ecuador

3Universidad Técnica de Machala, jecorrea@utmachala.edu.ec, https://orcid.org/0000-0002-2071-1008, Ecuador

 

 

Información del Artículo

 

RESUMEN

 

 

Trazabilidad:

Recibido 08-10-2026

Revisado 10-10-2026

Aceptado 15-11-2026

 

 

 

La figura de reparación integral surge como respuesta ante la responsabilidad extracontractual del Estado; dentro de esta figura se concibe el daño inmaterial, que adquiere relevancia puesto que repara afectaciones socialmente no visibles que impactan de manera negativa al círculo familiar y/o consanguíneo de la víctima. Ecuador reconoce diversas formas de reparación integral tales; medidas de satisfacción, disculpas públicas en medios comunicacionales, actos públicos, capacitaciones ante funcionarios, construcción de símbolos reconociendo la existencia y no olvido de víctimas y garantías de no repetición, sin embargo, no emplear ninguna de las mencionadas convierte nula la motivación y debilita la tutela judicial efectiva. Bajo este contexto surge principal vacío jurídico en base a una cuantificación del daño inmaterial referente a normativa, debido que su naturaleza moral impide medir a cálculo matemático cuanto equivalen aquellos sufrimientos morales y psicológicos padecidos por los allegados de la víctima, por ello complica la tarea del juez ponente o de los subrogados al momento de motivar sus sentencias. El análisis del Caso Factory discute la forma en que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo fundamentó el mencionado daño dentro de un proceso de responsabilidad estatal, los resultados evidencian que dicha motivación incumplió estándares constitucionales y jurisprudenciales existentes.

 

Palabras Clave:

Reparación integral

Motivación judicial

Tribunal Distrital Contencioso Administrativo

Daño inmaterial

Cuantificación

 

 

Keywords:

Integral reparation

Judicial Reasoning

Tribunal Distrital Contencioso Administrativo

Non- Material Damage

Quantification

 

ABSTRACT

The concept of comprehensive reparation arises in response to the State’s non-contractual liability, within this framework, non-material damage is recognized as especially important, as it addresses harms that are socially invisible but profoundly affect the victim’s family and blood relatives. Ecuador acknowledges several forms of comprehensive reparation, including measures of satisfaction, public apologies in the media, public ceremonies, training for public officials, the creation of symbolic monuments to honor victims and ensure they are not forgotten, and guarantees of non-repetition. However, failing to implement any of these measures undermines the motivation behind judicial rulings and weakens effective judicial protection. In this context, a significant legal gap emerges regarding how non-material damage is quantified according to regulations. Its moral nature makes it impossible to quantify mathematically the value of the moral and psychological suffering endured by the victim’s close relatives, thereby complicating the task of judges and their deputies when substantiating their decisions. The analysis of the Factory Case (“Caso Factory”) examines how the District Administrative Litigation Court justified such damages in a state liability process. The findings reveal that the reasoning provided did not meet the existing constitutional and jurisprudential standards.

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

La reparación integral es uno de los mecanismos jurídicos mediante los cuales se buscan atender los daños ocasionados por la vulneración de derechos, cuando estos se producen como consecuencia de actuaciones u omisiones atribuibles al Estado, en Ecuador esta obligación es reconocida en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República, el cual establece la responsabilidad estatal frente a las vulneraciones de derechos derivados de la prestación deficiente de servicios públicos o por las actuaciones de sus funcionarios (Constitución de la República del Ecuador, 2008). De igual manera, el Código Orgánico Administrativo (2017) desarrolla la responsabilidad extracontractual del Estado respecto de aquellos perjuicios que los particulares no están jurídicamente obligados a soportar, esta responsabilidad se limita a reparar pérdidas económicas y comprende afectaciones de carácter inmaterial, como el sufrimiento emocional, daños psicológicos, la alteración de las relaciones familiares y consecuencias que producen en el proyecto de vida de las personas afectadas.

Uno de los principales problemas que presenta la reparación del daño inmaterial es determinar el valor económico que corresponde a las afectaciones sufridas por la vulneración de los derechos, a diferencia de del daño material, ya que estos se establecen mediante fórmula matemática, mientras que aquel sufrimiento moral y psicológico no puede medirse con la misma precisión. Esta dificultad se incrementa debido a que la legislación ecuatoriana no contempla parámetros referenciales que orienten a los jueces a establecer una cuantía. Pesantez et al. (2021) señalan que la valoración del daño moral plantea dificultades relacionadas con criterios empleados para fijar una compensación económica, sin embargo, esta ausencia de parámetros uniformes no significa que el juzgador pueda determinar cualquier cantidad sin justificar, pues toda decisión debe sustentarse en las circunstancias del caso, las pruebas presentadas y las disposiciones jurídicas aplicables.

En este escenario, la motivación judicial adquiere especial importancia, puesto que permite conocer las razones por las cuales un órgano jurisdiccional reconoce una afectación y determina una indemnización, por ello, el artículo 76, numeral 7, literal l de la Constitución de la República del Ecuador establece que las resoluciones de los poderes públicos deben estar debidamente motivadas, mediante identificación de normas o principios jurídicos aplicables, realizando debida explicación de su relación con los hechos del caso. En concordancia, la Corte Constitucional del Ecuador, mediante la Sentencia No. 1158-17-EP/21, desarrolló criterios de suficiencia de la motivación y reconoció como deficiencias motivacionales la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia de la motivación (Corte Constitucional del Ecuador, 2021). Por esta razón, cuando se conceda una indemnización por daño inmaterial, no basta con reconocer la existencia de un perjuicio; también es necesario explicar los elementos que justifican la cantidad económica establecida.

En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado criterios relevantes sobre la reparación de las consecuencias ocasionadas por las violaciones de derechos humanos, el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla la obligación de reparar las consecuencias de las vulneraciones declaradas y, cuando corresponda, disponer el pago de una justa indemnización (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969). A partir de este fundamento, la jurisprudencia interamericana ha reconocido distintas formas de reparación, entre ellas la restitución, la indemnización, la rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, estas medidas deben responder a las circunstancias particulares de cada caso y a las consecuencias que hayan experimentado las víctimas y sus familiares (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001).

Los criterios desarrollados por la jurisprudencia interamericana examinan la manera en que los tribunales ecuatorianos justifican las indemnizaciones por daño inmaterial, es así, que del análisis de decisiones judiciales consideradas en esta investigación se observan contrastes en elementos utilizados para determinar las compensaciones económicas, mientras algunas resoluciones toman en cuenta pruebas psicológicas, la duración de las afectaciones y las circunstancias personales de los perjudicados, otras recurren al principio de equidad sin desarrollar de forma suficiente las razones que sustentan el monto concedido. Por tanto, el problema no consiste en exigir indemnizaciones iguales para situaciones diferentes, sino en determinar si aquellas decisiones explican adecuadamente la relación entre el daño acreditado, su gravedad y la reparación dispuesta.

Esta situación puede observarse en el denominado Caso Factory, originado por el incendio ocurrido el 19 de abril de 2008 en la discoteca Factory Dance Industry, ubicada en el sector de San Bartolo, en el Distrito Metropolitano de Quito, durante el concierto denominado “Ultratumba 2008”, este siniestro ocasionó la muerte de 19 personas y dejó más de 30 heridos, posteriormente, dentro del proceso relacionado con el fallecimiento de WIlliam Enrique Valenzuela Pilatasig, se reconoció la responsabilidad extracontractual del Estado por deficiencias y omisiones vinculadas con las actividades de control y vigilancia municipal, en cuanto a la reparación del daño inmaterial, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito estableció una indemnización de USD 10.000,00 en cuanto a daño moral. No obstante, aunque se reconocieron las consecuencias emocionales derivadas del fallecimiento y la afectación sufrida por el accionante, la resolución no explicó de manera suficientemente individualizada ciertos criterios empleados para determinar dicha cantidad.

A partir de esta problemática, resulta necesario analizar los parámetros que deben observar los órganos jurisdiccionales a fin de cuantificar el daño inmaterial, considerando tanto las disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano como los criterios desarrollados por sentencias nacionales, y jurisprudencia internacional. Como hipótesis se plantea que la ausencia de criterios uniformes, y normativa en materia administrativa puede afectar la efectividad de la reparación integral, esta situación permite un amplio margen de discrecionalidad judicial, comprometiendo vulnerar principios fundamentales como la razonabilidad, la proporcionalidad, la seguridad jurídica.

En consecuencia, el objetivo de esta investigación consiste en analizar los parámetros de motivación judicial empleados para cuantificar el daño inmaterial como medida de reparación integral frente a la responsabilidad extracontractual del Estado ecuatoriano. Para ello, se estudia la sentencia del Caso Factory, se contrastan sus fundamentos con decisiones jurisprudenciales internacionales, sentencias nacionales, con mera finalidad de identificar criterios que contribuyan a establecer indemnizaciones razonables, proporcionales y debidamente motivadas.

 

MATERIALES Y MÉTODOS

 

La presente investigación se ejecutó a partir de enfoque cualitativo, debido a que partirá sobre un análisis prudente a comprender a manera crítica el fenómeno jurídico versado, (Valle et al., 2022) indican cómo incide el método en un entorno global, que se encuentra construido entre situaciones o hechos, de modo que ocupa actitudes, creencias o formas en que las personas dan sentido e interpretan experiencias que nuestro mundo atraviesa. Los parámetros a estudiar son de carácter incontable, abarcando distintas complejidades judiciales, análisis de normativa, jurisprudencia, y doctrina.

A través del método exegético – analítico, el primero implicó correlación interpretativa social en conjunto con las leyes vigentes en nuestra nación, siendo un método eficientemente utilizado en esta ciencia jurídica, Herszenbaun (2022) plantea que este método pretende ser desarrollado de manera retrospectiva entendiéndose mediante una estructura piramidal, en la que descompone el objeto de estudio sobre sus distintos elementos, esto permite examinar de forma individual cada uno de ellos, con la finalidad de obtener aquellos más simples y fáciles de concebir posibilitando compresión investigativa. De esta manera se permitió analizar debida aplicación de jurisprudencia vinculante entre la aplicabilidad de motivación suficiente dentro de la reparación integral en vía contenciosa administrativa frente al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

Beltrán (2022) discute al método sintético demostrar contundente evidencia en base al contexto general a través de un análisis, para así llegar a una conclusión factible ya que al ser un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis, engloba consecuencias de hacer una explosión metódica y breve. Adicionalmente, Grupo Aspasia (2022) explica que este método histórico sobresale durante las investigaciones porque permite detectar correspondencias entre antecedentes del pasado en contraste a los contextos actuales, sean estos a nivel local, nacional, o mundial, propiciando comprender una evolución sobre determinados fenómenos jurídicos dando paso a comprender una evolución estratégica para así contribuir ante las trayectorias contemporáneas de la sociedad. Siendo que distintivo daño examinó criterios aptos en perspectiva de aquellos avances normativos y jurisprudenciales.

A su vez, método comparativo se encuentra enfocado en base a la herramienta procedimental reconocida como derecho comparado, cuál desempeña finalidad comparativa entre legislación ecuatoriana, como legislaciones latinoamericanas, permitiendo marcar semejanzas y diferencias, conforme a la reparación integral. La Espina (2024) afirma una indiscutible consolidación del método comparativo como herramienta imprescindible dentro de la investigación jurídica nacional e internacional, permitiendo precisar críticamente aquellos fenómenos jurídicos objeto de estudio a través del análisis crítico consolidado en diferentes ordenamientos, que entrañan vacíos legales e incluso diferencias jurídicas.

Además, se instaura a partir de tipo documental, Ortega (2023) argumenta que su objetivo es la recopilación y la selección de información a través de la lectura de varios cuerpos literarios para entender posibles causas nacionales como internacionales del contexto actual, consecuentemente recopila información clave a través de heterogéneas fuentes literarias, artículos científicos, para así descifrar la raíz del problema jurídico.

La técnica e instrumento de recolección se proyecta bajo el prisma de análisis jurisprudencial internacional, como judicial ecuatoriano, a fin de establecer comparaciones jurídicas respecto al fenómeno investigado, ante ello aludidos criterios selectivos fueron recabados a través del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), cuadernillos jurisprudenciales, plataforma audiovisual de la CorteIDH, mencionadas herramientas aportan criterios comparativos y equitativos para establecer razonabilidad y/o diferencias en margen de la sentencia del Caso Factory. En observancia aquella clasificación aprobó múltiples filtros de control, desde un eje de revisión, admisibilidad, anulación y control, esto otorga visión comprensiva frente al daño inmaterial, es por ello que todos los casos sujetos a evaluación tienen margen de procedencia referente a la responsabilidad extracontractual del Estado.

 

RESULTADOS

 

Los resultados de la presente investigación se sustentan en el análisis documental, jurisprudencial de la responsabilidad extracontractual del Estado Ecuatoriano, particularmente en lo relacionado con la cuantificación del daño inmaterial, en conformidad con la garantía de la motivación judicial, como medida de reparación integral, por ello, se examinan las disposiciones constitucionales y legales aplicables, los estándares de reparación establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y  decisiones de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo en Ecuador.

El estudio permite identificar tres aspectos fundamentales:  los presupuestos jurídicos que originan la obligación estatal de reparar, los componentes de la reparación integral y los criterios que pueden utilizarse para fundamental judicialmente la cuantificación de aludido daño, permitiendo establecer una relación entre la obligación de reparar, la valoración de las afectaciones experimentadas por las víctimas y la suficiencia de las argumentación utilizada para determinar las indemnizaciones económicas.

La responsabilidad extracontractual del Estado tiene como finalidad garantizar que las personas reciban una reparación cuando sufran daños atribuibles a las actuaciones u omisiones de la administración pública que no tengan la obligación jurídica de soportar, en Ecuador, esta institución cuenta con antecedentes desde la Constitución Política de 1967 cuyo artículo 27 reconocía la responsabilidad de las entidades públicas por los perjuicios ocasionados en la prestación de servicios en sujeción de actuaciones incurridas por funcionarios (Constitución Política de la República del Ecuador, 1967). Posteriormente, la Constitución de 2008 fortaleció este reconocimiento estableciendo la obligación estatal de reparar vulneraciones de derechos ocasionados por deficiente prestación de servicios públicos o por acciones u omisiones de los servidores públicos.

En el ámbito administrativo, el Código Orgánico Administrativo desarrolla los presupuestos que permiten atribuir responsabilidad extracontractual al Estado, sobre este aspecto, Barba et al. (2024) destacan referida importancia del daño antijurídico como elemento esencial de la responsabilidad patrimonial estatal, al tratarse de una afectación a derechos o interés legítimos que el ordenamiento jurídico protege.

Del análisis realizado se identifican tres elementos fundamentales: existencia de una actuación u omisión imputable a la administración pública, producción de un daño antijurídico y relación de causalidad entre ambos, estos presupuestos deben ser examinados conjuntamente, por cuanto la existencia de un perjuicio no genera automáticamente responsabilidad estatal si no se demuestra su vinculación con una actividad administrativa.

En relación con la prestación de servicios públicos, Buñay (2025) analiza cierta responsabilidad que puede surgir cuando una administración incumple sus obligaciones de control, vigilancia o adecuada prestación de dichos servicios, estas circunstancias adquieren importancia cuando aludidas deficiencias administrativas producen consecuencias perjudiciales ante los particulares.

Por tanto, antes de establecer una indemnización por daño inmaterial, corresponde determinar si se encuentran acreditados tanto aquellos presupuestos de la responsabilidad extracontractual, una vez reconocida esta obligación, el órgano jurisdiccional debe identificar las afectaciones indemnizables y justificar citadas medidas necesarias para su reparación.

La prueba desempeña un papel fundamental de acuerdo a procesos de responsabilidad extracontractual del Estado, debido que permite acreditar existencia del perjuicio, actuación administrativa que lo ocasionó y relación causal entre ambos elementos, aunque jurídicamente corresponde a la parte actora demostrar los hechos que sustentan su pretensión, existen controversias en las que el acceso a determinada información resulta compleja, especialmente cuando cientos documentos o registros relevantes se encuentran bajo el control de una institución pública.

Villacreses (2026) destaca considerar mecanismos de distribución dinámica de la carga probatoria en controversias relacionadas con servicios públicos especializados, particularmente cuando alguna administración dispone de información técnica que resulta difícil de obtener para los particulares.

En cuanto al daño inmaterial, su acreditación presenta dificultades particulares, puesto que estas consecuencias emocionales, psicológicas y familiares no siempre pueden demostrarse mediante documentos de contenido económico, por ello, los informes psicológicos, los certificados médicos, los testimonios y otros medios probatorios pertinentes pueden contribuir a identificar un prisma mangitudinal.

Sin embargo, es necesario diferenciar entre demostrar que existe un daño en contraste a justificar especie económica concedida a fin de reparar no determina por sí mismo el valor de la indemnización, en consecuencia, corresponde al juzgador explicar cómo aquellos elementos probatorios incorporados al proceso influyeron en determinar montos indemnizatorios. Esta distinción resulta especialmente importante en el Caso Factory, puesto que requerido enfoque analizado, no se limita ante reconocimiento del sufrimiento ocasionado por el fallecimiento de la víctima, sino comprende suficiencia de la motivación utilizada para establecer la compensación económica.

La reparación integral es una respuesta jurídica frente a las consecuencias ocasionadas por la vulneración de derechos, su alcance no se agota en el reconocimiento de una compensación económica, puesto que determinadas afectaciones pueden comprometer aspectos personales, familiares y psicológicos cuya atención requiere medidas distintas de la indemnización. Carrera (2022) destaca la importancia de la reparación integral como mecanismo destinado a garantizar una compensación adecuada frente a los daños ocasionados, este planteamiento permite comprender que la reparación debe examinarse desde una perspectiva amplia, especialmente cuando las afectaciones trascienden el ámbito patrimonial y comprometen la integridad psicológica, la dignidad o las relaciones familiares de las víctimas.

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el artículo 86, numeral 3, de la Constitución reconoce la reparación integral como una consecuencia de la declaración de vulneración de derechos dentro de las garantías jurisdiccionales, por su parte, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009) desarrolla las medidas que pueden disponerse para reparar los daños ocasionados, entre ellas la restitución, la compensación económica, la rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Aunque estas disposiciones pertenecen principalmente al ámbito de las garantías jurisdiccionales, permiten comprender la diversidad de respuestas que pueden adoptarse frente a las afectaciones ocasionadas por una actuación estatal, sin embargo, su utilización como referente en los procesos contencioso administrativo-administrativos exige considerar las particularidades del régimen jurídico de responsabilidad extracontractual del Estado.

Las modalidades de reparación cumplen una finalidad distinta; la restitución busca restablecer, en la medida de lo posible, la situación anterior a la vulneración; la indemnización permite compensar económicamente los perjuicios ocasionados y la rehabilitación procura atender las consecuencias físicas o psicológicas experimentadas por las víctimas. Por otra parte, las medidas de satisfacción contribuyen al reconocimiento de la vulneración y a la dignificación de los afectados, mientras que las garantías de no repetición buscan prevenir que situaciones semejantes vuelvan a producirse.

Desde esta perspectiva, la reparación del daño inmaterial exige examinar las circunstancias particulares de quienes resultaron afectados, la existencia de sufrimiento emocional o psicológico no determinan automáticamente una cantidad indemnizatoria, por lo que corresponde al juzgador explicar cuáles fueron los elementos considerados para establecerla.

Este enfoque también encuentra sustento en el caso Cantoral Benavides vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2001) desarrolló medidas de reparación destinadas a atender las consecuencias de las violaciones declaradas, reconociendo la necesidad de adoptar respuestas que no se limitarán exclusivamente al ámbito económico. Este precedente permite sostener que la reparación debe guardar correspondencia con las consecuencias del daño y con las necesidades de las personas afectadas.

En consecuencia, cuando se analiza la reparación del daño inmaterial en los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado, resulta insuficiente considerar únicamente la cantidad económica reconocida por el juzgador, también es necesario examinar si las medidas dispuestas responden efectivamente a las afectaciones acreditadas. Esta exigencia se relaciona directamente con la motivación judicial, pues corresponde al órgano jurisdiccional explicar por qué una determinada medida resulta adecuada y, particularmente, cuáles fueron los criterios utilizados para establecer el monto indemnizatorio, de esta manera, la reparación integral no solo exige reconocer el perjuicio, sino justificar razonadamente la respuesta jurídicamente adoptada.

El análisis de la jurisprudencia interamericana evidencia que la cuantificación del daño inmaterial requiere una valoración individualizada de las consecuencias ocasionadas por la vulneración de derechos, si bien el sufrimiento moral y psicológico no puede determinarse mediante una operación matemática exacta, esto no significa que el juzgador pueda establecer indemnizaciones sin una justificación suficiente. Por el contrario, la determinación del monto debe responder a criterios de equidad, gravedad del perjuicio y circunstancias particulares de las víctimas, de manera que exista una relación razonable entre el daño reconocido y la compensación concedida.

En Velásquez vs Honduras (1989) la Corte reconoció la posibilidad de indemnizar el daño moral mediante criterios de equidad, considerando el sufrimiento ocasionado a los familiares por la desaparición forzada, este pronunciamiento demuestra que la imposibilidad de medir económicamente el dolor humano no impide reconocer una compensación, pero exige considerar las consecuencias concretas de la vulneración.

En González y otras (¨Campo Algodonero¨) vs. México (2009) el tribunal examinó las consecuencias de graves vulneraciones de derechos vinculados con la violencia y la discriminación de género, la decisión resulta relevante porque permite analizar la relación entre las indemnizaciones económicas y otras medidas destinadas a reconocer las afectaciones experimentadas por las víctimas y sus familiares.

En Kawas Fernández vs. Honduras (2009), la Corte consideró las consecuencias ocasionadas por el asesinato de una defensora ambiental y las afectaciones sufridas por sus familiares, su estudio permite observar la importancia de valorar las circunstancias individuales de los perjudicados al determinar las reparaciones correspondientes.

Así mismo, en Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador (2020), la Corte abordó las consecuencias de la violencia sexual en el ámbito educativo y las afectaciones experimentadas por los familiares de la víctimina, este precedente resulta relevante porque permite comprender que la reparación del daño inmaterial debe atender las consecuencias psicológicas y familiares de la vulneración, considerando las particularidades de quienes resultaron afectados.

 

Tabla 1: Sentencias jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

SENTENCIA

OBJETO DE LA CAUSA

TIPO DE REPARACIÓN

ANÁLISIS DE Corte IDH

1. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras
Sentencia de Reparaciones y Costas de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7.

Responsabilidad internacional de Honduras, por la detención arbitraria y posterior desaparición forzada del estudiante Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, sus familiares sufrieron angustia, e incertidumbres afligidas por sus familiares.

  1. 250,00.00 lempiras por daño moral que serán pagadas a su cónyuge e hijos

187,500.00 lempiras a su cónyuge

  1. 562,500.00 lempiras a sus hijos

La Corte IDH estableció que el daño debía ser indemnizado conforme al principio de equidad, considerando las consecuencias de la desaparición, afectaciones psicológicas latentes en los familiares, una reparación no solo consiste en montos económicas sino debe ser cuantificado a través de los sufrimientos padecidos.

2. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

Responsabilidad internacional por la desaparición y muerte de Claudia Gonzales, Esmeralda Herrera, y, Laura Ramos, debido a la violencia y discriminación en México. En conjunto de las afectaciones vividas por los familiares

  1. USD 10,000.00 a cada familiar de la víctima, USD 4,00.00 a quienes recibieron hostigamiento por el caso, USD 38,00.00 a Claudia, y USD 40,00.00 a Esmeralda y Laura.
  2. Actos de reconocimiento, monumentos y día nacional en memoria de las víctimas

Las reparaciones deben estar sustanciadas conforme al nexo causal de los hechos y derechos violados que son declarados, como son los casos de violencia, discriminación de género, protección de niñas. Esta sentencia afirma que referente daño inmaterial debe ser tratado conforme a las afectaciones psíquicas afrontadas.

3. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras

Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196.

Responsabilidad internacional del Estado de Honduras por el asesinato de Blanca Jeannette Kawas Fernández defensora ambientalista, quien se dedicaba a denunciar atentados contra el medio ambiente. Su núcleo familiar padeció de sufrimientos psicológicos por su muerte y por demora de justicia.

  1. USD 20,000.00 a sus hijos, y USD 60,000.00 a su madre la Sra. Blanca Fernandéz
  2. USD 20,000.00 a su hermano Jacobo Kawas, y USD 5,000.00 a hermanos restantes
  3. Publicación de sentencia, acto público de reconocimiento, creación de monumento.

CorteIDH observó el padecimiento emocionales y psicológicos y demás perjuicios latentes, padecidos por madre, hijos, y hermanos de Jeannette, desde su muerte, hasta la tardía justiciabilidad. Condenó a través de compensaciones económicas y con otras garantías de no repetición.

4. Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador

Sentencia de 24 de junio de 2020. Serie C No. 405.

Responsabilidad internacional de Ecuador, por la violencia sexual institucional por un docente quien abuso y embarazó a la menor, y suicidio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín. Su mamá y hermana padecieron sufrimientos emocionales y psicológicos.

  1. USD 110,00.00 a Paola Guzmán, USD 55,000.00 a la Sra. Pepita Albarracín Albán, y USD 45,000.00 a Denisse Guzmán.
  2. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
  3. Decretar fecha conmemorativa de lucha contra la violencia sexual en las aulas.

 

CorteIDH argumentó el impuesto económico a través de lo formulado mediante audiencia, como de los peritajes psicológicos realizados a la Sra Albarracín y a Denisse Guzmán, como se demuestra a párrafos 207 y prosiguientes, la Corte tomó en cuenta cada uno de los padecimientos emocionales, morales y psicológicos que han vivido desde la muerte y post mortem de Paola.

Fuente: Cuadernillo Jurisprudencial Corte Interamericana de Derechos Humanos

Autores: Ximena Darlene Chapin Cruz y Ximena Liz Ramón Gadñay

 

Criterios de cuantificación del daño inmaterial en la jurisdicción contencioso administrativa Ecuatoriana

El análisis de las sentencias permite observar que la cuantificación del daño inmaterial puede sustentarse en distintos criterios de valoración, sin embargo, independientemente del mecanismo utilizado resulta necesario que la resolución explique las razones que justifican la indemnización concedida.

En el proceso No. 11804-2021-00125 (2022) el tribunal examinó la responsabilidad estatal derivada de un error cometido por el Registro Civil en la inscripción del estado civil de un ciudadano, como consecuencia de esta actuación administrativa se produjo una alteración de su situación jurídica matrimonial. El Tribunal reconoció una indemnización de USD 14.640 por daño moral y dispuso disculpas públicas como medida complementaria, para establecer la compensación económica utilizó un criterio de equidad relacionado con la duración de la afectación y una referencia al salario básico unificado.

Por su parte, el proceso No. 01803-2021-00328, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 (2022) analizó las consecuencias ocasionadas por determinadas actuaciones administrativas de ARCOTEL que afectaron la actividad de un concesionario de radiodifusión, en este proceso se reconoció una indemnización de USD 5.000 por daño inmaterial, considerando los elementos documentales y psicológicos relacionados con las afectaciones sufridas por el accionante, además se dispusieron sesiones de atención psicológicas como medida de rehabilitación.

La comparación de ambas decisiones permite identificar rasgos diferenciados frente a los mecanismos utilizados para justificar las indemnizaciones. Mientras que en el primer caso recurre principalmente a un parámetro económico vinculado con la duración del perjuicio, en el segundo se otorgó relevancia a los elementos probatorios relacionados en base a documentación probatoria.

 

Tabla 2: Casos contenciosos administrativos de responsabilidad extracontractual del Estado resuelto por Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo del Ecuador.

 

N.º DE CASO Y SENTENCIA

OBJETO DE LA CAUSA

TIPO DE REPARACIÓN

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Juicio No. 11804-2021-00125



Existencia de responsabilidad extracontractual del estado por deficiente prestación de servicios por parte del Registro Civil al inscribir erróneamente el estado civil del actor debido a ello, alteraron su estado civil y de oficio se disolvieron el vínculo marital sin haberse solicitado. Se demanda responsabilidad extracontractual.

1.      Indemnización: USD 14.640,00.

2.      2. Disculpas públicas en el portal institucional durante tres meses.

El Tribunal determinó responsabilidad extracontractual del Estado por deficiencia en la prestación del servicio público, a su vez consideró acreditados la ilicitud, el nexo causal y la gravedad del daño, se cuantificó el daño a partir del principio de equidad a través de fórmula del 50% SBU de 2016 multiplicados hasta los meses de noviembre del 2026, obteniendo USD 14.640,00. El monto indemnizado se asignó sin prueba alguna, debido a que el tribunal observó impertinencia y no correlación.

Juicio No. 01803-2021-00328

 


El actor, antiguo propietario de la frecuencia 90.9 MHz de Radio SUPER S, demandó la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado por los daños producidos por múltiples resoluciones de ARCOTEL que terminaron su concesión emisora, impidiéndo realizar sus labores.

  1. El tribunal fijó una indemnización de USD 5.000 por sufrimiento y daño psicológico.

  2. ARCOTEL debe asumir el costo de 12 sesiones psicológicas individuales, con hasta 3 adicionales razonables, y su costeo.



El tribunal declaró la existencia de responsabilidad extracontractual del Estado, además valoró la prueba documental siendo el informe psicológico, cuál evidenció el estado mental del accionante quien experimentó cuadros de ansiedad y depresión, así como demás consecuencias emocionales de sus hijos y cónyuge. El montó indemnizado se fijó en base a la prueba documental emitida.

Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano

Autor: Ximena Darlene Chapin Cruz y Ximena Liz Ramón Gadñay

 

El Caso Factory permite examinar la relación entre la responsabilidad extracontractual del Estado y la obligación de motivar adecuadamente las decisiones relacionadas con la reparación del daño inmaterial, en el proceso originado por el fallecimiento de William Enrique Valenzuela Pilatasig, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo reconoció la responsabilidad estatal y estableció una indemnización de USD 10.000 por daño moral.

Sin embargo, el análisis de la resolución se observa que, aunque el Tribunal reconoció las consecuencias derivadas del fallecimiento y el sufrimiento experimentado por la accionante, la explicación del monto indemnizatorio no desarrolló de manera individualizada los elementos considerados para determinar dicha cantidad, la referencia al principio de equidad, por sí sola, no permite conocer suficientemente cómo se relacionó la compensación económica con las circunstancias particulares del perjuicio.

Esta situación adquiere relevancia frente a los parámetros de motivación establecidos por la Corte Constitucional del Ecuador, especialmente en lo relacionado con la necesidad de contar con una fundamentación normativa y fáctica suficiente, en materia de daño inmaterial, ello implica que el juzgador debe explicar sobre los elementos probatorios, la gravedad del perjuicio y las circunstancias personales de quienes resultaron afectados.

Por tanto, los resultados de la investigación permiten identificar como parámetros relevantes para la motivación judicial la acreditación del daño, la valoración de los medios probatorios, la intensidad y la duración de las consecuencias, las circunstancias particulares de las víctimas y la consideración de precedentes jurisprudenciales pertinentes, estos elementos pueden contribuir a que las indemnizaciones por daño inmaterial respondan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, fortaleciendo la reparación integral y la tutela judicial.

 

DISCUSIÓN

 

Las sentencias en materia administrativa de acuerdo a la responsabilidad extracontractual del Estado obliga que los Tribunales Distritales Contenciosos Administrativos deban reparar a la víctima, a sus familiares afectados y demás del círculo familiar a recibir indemnizaciones compensatorias u otras formas de reparación por aquellas afectaciones latentes vividas por el hecho, la justicia, y post hecho, sin embargo, reiterado daño inmaterial permanece en nuestro ordenamiento jurídico mediante la práctica judicial administrativa como una figura jurídica inexistente, debido que distintos tribunales administrativos inobservan este parámetro, y tienden a justificarlo a través de un principio escaso de razonabilidad. Bajo este contexto los administradores de justicia no cumplen con su deber inherente cual es emitir resoluciones judiciales jurídicamente motivadas.

De acuerdo a los resultados evidenciados conforme a los hallazgos jurisprudenciales interamericanos confirman la relación de pertinencia entre la prueba y daños producidos ante los familiares al momento de cuantificar mencionado daño, para Ratti (2023) argumenta que este daño inmaterial no solo comprende el sufrimiento o aflicciones ocasionadas a la víctima, o allegados, sino subsiste sobre distintas afectaciones que implican un menoscabo a los valores significativos, precisando sobre suscitas afectaciones de carácter no pecuniario que inciden en sus condiciones existenciales, procurar sobrellevar a través de una ración monetaria repercute su integridad personal. Por ello, procuran asignarla a través de una correlación probatoria prudente y razonable, permitiendo dimensionar numerosas aflicciones experimentadas durante todo el proceso judicial.

Mientras que, de acuerdo a lo extraído mediante hallazgos judiciales ecuatorianos, expone que el órgano jurisdiccional a partir desde el año 2021 persistía interpretando erróneamente ambos tipos de daño tanto material e inmaterial siendo así que desnaturaliza el núcleo de este último, consecuentemente resulta adecuado señalar que su existencia prácticamente se desconocía, ante ello resulta importante señalar que esta medida de reparación no pretende dar lugar a un incremento patrimonial por el contrario, pretende resarcir las afectaciones ocasionadas so pena de no perder de vista que la vida humana no puede equipararse a una cifra de dólares, la (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2004) toma en consideración analítica, que cientos de los sufrimientos padecidos a consecuencia del hecho controvertido  producen gran dolor, impotencia, inseguridad, tristeza, hostigamiento y frustración a los allegados de una víctima, causando graves alteraciones a su integridad física y emocional puesto genera menoscabo en su forma de vida. Ante lo señalado el órgano de justicia ante todo momento debe garantizar el cumplimiento de reparaciones equitativas y proporcionales.

Atendiendo el discutido análisis del ejercicio comparativo, para procurar el desempeño correcto de las reparaciones integrales en materia administrativa resulta imperativo señalar la importancia de reconocer e incorporar normativa precisa y clara diseñada ante el juzgador o sus subrogados para que al momento de dictar sentencias tomen en primer plano consideraciones correctas, en sujeción a los criterios jurisprudenciales emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en atención a lo mencionado, correlacionar medios probatorios, normativa pertinente, criterios jurisprudenciales internacionales, producirá sentencias estrictamente motivadas

 

CONCLUSIÓN

 

La reparación integral configura una serie de disposiciones cuyo propósito consiste en resarcir aquellos perjuicios provocados por un tercero en este caso por el estado ecuatoriano, indicada reparación subsiste de manera obligatoria mediante una decisum, cual se proyecta en la parte resolutiva de una sentencia, en caso de no verificarse determinado punto, el/los accionantes, o terceros involucrados deben ejecutar ampliación sobre el fallo. Nuestro ordenamiento jurídico demuestra su existencia conforme la normativa constitucional esta figura jurídica contempla dos aristas llamadas; daño material y daño inmaterial, esta última toma sentido durante el estudio realizado, resulta apropiado reconocer que en Ecuador indistintos Tribunales Distritales Contenciosos Administrativos desatienden descrito daño inmaterial, provocando fallos sin motivación, como perjuicios a los involucrados en la causa.

Los parámetros de motivación judicial evidenciados a fin de determinar una cuantificación sobre el daño inmaterial constatan múltiples inconsistencias persistentes en la práctica judicial ecuatoriana, no solo de acuerdo a lo referente a la sentencia del Caso Factory, que a mencionar el tribunal del caso adecua a partir del principio de equidad, signando simple compensación económica contrarrestando restantes formas de reparación. A ello cabe poner en manifiesto que el juez ponente debe considerar aspectos como; daño ocasionado, carga probatoria, jurisprudencia vinculante, y prudencia del juzgador.

El análisis del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y herramientas jurisprudenciales evidenciaron que una reparación integral constituye una obligación fundamental del Estado frente a los daños ocasionados por su responsabilidad extracontractual, sustentada conforme la Constitución de la República del Ecuador en sujeción a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo. Pese a ello se identificó que la normativa no establece parámetros específicos ni uniformes para cuantificar económicamente el daño inmaterial, lo que exige que los órganos jurisdiccionales fundamenten sus decisiones mediante criterios inexistentes, produciendo revictimización de la/s víctimas, familiares, generando afectaciones a la tutela judicial efectiva.

El estudio del Caso Factory evidencia que la determinación de la compensación por daño inmaterial requiere una valoración concreta de las consecuencias producidas en cada víctima y de las pruebas incorporadas al proceso, aunque la jurisprudencia interamericana ofrece orientaciones relevantes para establecer este tipo de reparaciones, la fijación evacuada en la sentencia predeterminada en USD $10.000,00 por daño moral no explica de manera detallada cómo se relaciona dicha suma con la magnitud del perjuicio, las condiciones personales de los afectados y el impacto psicológico ocasionado. Por ello, resulta indispensable que las decisiones judiciales expongan con mayor precisión el razonamiento que conduce al monto indemnizatorio, a fin de asegurar transparencia, coherencia y una tutela efectiva de los derechos vulnerados.

Los resultados alcanzados acreditan compatibilidad de diferencias, y pertinencia en cuanto a los parámetros idóneos al cuantificar aquel daño inmaterial. A virtud de ello, plantear nuevos hitos normativos velará proteger derechos vulnerados, evitar revictimización de la víctima, garantizar la garantía de la motivación, y asegurar la tutela judicial.

 

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