Protocolos escolares frente al acoso, abuso y maltrato infantil: Impacto en la disminución de casos y desafíos administrativos

School Protocols Against Bullying, Child Abuse, and Maltreatment: Impact on Case Reduction and Administrative Challenges

Luis Gaspar Avila Soliz¹, Silvia Cristina Lopez Alvarez² y Rocio Avalos Almeida³

¹Secretaria de Educación Pública de Tabasco, blu-rock47@live.com.mx, https://orcid.org/0000-0002-4334-0238, México,

²Escuela Normal Rosario María Gutierrez Eskildsen, master_cristhy@hotmail.com, https://orcid.org/0009-0008-2752-6084, México

³Escuela Normal Rosario María Gutierrez Eskildsen, rocioalmeida1@hotmail.com, https://orcid.org/0009-0007-2312-3571, México

	Información del Artículo	RESUMEN
	Trazabilidad: Recibido 01-10-2025 Revisado 02-10-2025 Aceptado 05-11-2025	El presente artículo analiza la implementación de protocolos escolares dirigidos a la prevención, detección y atención del acoso escolar, el abuso sexual infantil y el maltrato en el ámbito educativo, evaluando su impacto en la disminución de casos y los desafíos administrativos que conlleva su aplicación. A partir de una revisión exhaustiva de literatura especializada y el análisis de datos empíricos recabados en instituciones educativas de nivel básico, se exploran las dinámicas institucionales que median entre la normativa vigente y las prácticas cotidianas de docentes, directivos y personal administrativo. Los resultados evidencian que la instauración de protocolos específicos ha contribuido, en términos generales, a una mayor visibilización de las problemáticas, así como a una reducción sostenida en la incidencia de casos reportados. Sin embargo, este impacto positivo se encuentra condicionado por factores como la capacitación del personal, la disponibilidad de recursos y la existencia de redes interinstitucionales de apoyo. Asimismo, se identifican tensiones significativas en el proceso de implementación, derivadas principalmente del aumento de cargas burocráticas, la duplicidad de funciones y la necesidad de armonizar procedimientos internos con exigencias legales externas. El análisis crítico sugiere que, si bien los protocolos constituyen herramientas fundamentales para la protección de la infancia en contextos escolares, su eficacia depende de la capacidad institucional para gestionar los retos administrativos y garantizar una formación continua y especializada. Se concluye que la consolidación de prácticas integrales requiere no solo la actualización permanente de los protocolos, sino también el fortalecimiento de la cultura organizacional y la articulación efectiva entre actores escolares y externos. Este estudio aporta elementos para la reflexión sobre la gobernanza escolar, la protección de derechos y la transformación de los marcos de intervención educativa.
	Palabras Clave: Protocolos escolares Acoso escolar Abuso infantil Maltrato Desafíos administrativos
Keywords: School protocols Bullying Child abuse Maltreatment Administrative challenges		ABSTRACT This article analyzes the implementation of school protocols aimed at the prevention, detection, and response to bullying, child sexual abuse, and maltreatment within the educational environment, evaluating their impact on case reduction and the administrative challenges arising from their application. Based on a comprehensive review of specialized literature and an analysis of empirical data collected from basic educational institutions, the study explores institutional dynamics that mediate between current regulations and the everyday practices of teachers, administrators, and support staff. The findings indicate that the establishment of specific protocols has generally contributed to greater visibility of these issues as well as a sustained reduction in the incidence of reported cases. However, this positive impact is conditioned by factors such as staff training, resource availability, and the existence of inter-institutional support networks. Significant tensions are also identified in the implementation process, mainly stemming from increased bureaucratic burdens, duplication of functions, and the need to harmonize internal procedures with external legal requirements. Critical analysis suggests that, although protocols are fundamental tools for the protection of children in school contexts, their effectiveness depends on the institutional capacity to manage administrative challenges and ensure continuous, specialized training. The study concludes that the consolidation of comprehensive practices requires not only the ongoing updating of protocols but also the strengthening of organizational culture and effective coordination among school and external actors. This research provides elements for reflection on school governance, rights protection, and the transformation of educational intervention frameworks.

INTRODUCCIÓN

La protección integral de la infancia en el ámbito escolar constituye un imperativo ético, jurídico y social en los sistemas educativos contemporáneos. El reconocimiento de la escuela como espacio privilegiado para la socialización y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes ha propiciado la adopción de políticas y protocolos orientados a la prevención, detección y atención de situaciones de acoso escolar, abuso sexual infantil y maltrato. Estas problemáticas, históricamente invisibilizadas o minimizadas en el contexto educativo, han adquirido centralidad en la agenda pública y académica debido a su impacto en el bienestar psicosocial y el desarrollo integral de los menores. La implementación de protocolos específicos responde tanto a la necesidad de cumplir con marcos normativos nacionales e internacionales como a la exigencia de transformar las prácticas institucionales y culturales que perpetúan dinámicas de violencia y desprotección. No obstante, la eficacia de dichos instrumentos depende de múltiples factores, entre los que destacan la formación y sensibilización del personal escolar, la disponibilidad de recursos materiales y humanos, y la articulación interinstitucional para el abordaje integral de los casos. Además, la puesta en marcha de estos protocolos implica afrontar desafíos administrativos relevantes, tales como la gestión de cargas burocráticas, la adecuación de procedimientos internos y la conciliación de intereses y responsabilidades entre diversos actores. En este contexto, la presente investigación se propone analizar el impacto de la aplicación de protocolos escolares en la disminución de casos de acoso, abuso y maltrato infantil, así como los desafíos administrativos que emergen en el proceso de implementación. A través de un enfoque multidisciplinario y el empleo de métodos cualitativos y cuantitativos, se busca contribuir a la comprensión crítica de los alcances y limitaciones de los protocolos, ofreciendo elementos para el fortalecimiento de la gobernanza escolar y la protección efectiva de los derechos de la infancia.

Planteamiento del Problema

A pesar de los avances normativos y programáticos en materia de protección infantil, las instituciones educativas continúan enfrentando serias dificultades para erradicar el acoso escolar, el abuso sexual infantil y el maltrato en sus diversas manifestaciones. La persistencia de estos fenómenos revela la existencia de brechas significativas entre la formulación de protocolos y su efectiva implementación en el entorno escolar. Si bien la adopción de procedimientos específicos ha permitido visibilizar y atender con mayor rigor los casos reportados, subsisten interrogantes fundamentales respecto al verdadero alcance de estas intervenciones en la disminución de la incidencia y en la transformación de las dinámicas institucionales.

El problema central radica en la tensión entre los objetivos de protección y la realidad operativa de las escuelas, donde la aplicación de protocolos puede verse obstaculizada por limitaciones estructurales, insuficiencia de recursos, falta de capacitación especializada y sobrecarga administrativa. En muchos contextos, la burocratización de los procesos genera una duplicidad de funciones, diluye responsabilidades y dificulta la articulación eficaz entre los diferentes actores involucrados, lo que puede derivar en respuestas fragmentadas y poco efectivas ante situaciones de violencia y vulneración de derechos.

Asimismo, la presión por cumplir con exigencias legales y administrativas puede desviar la atención de las necesidades reales de los menores y de la construcción de entornos escolares seguros y protectores. La ausencia de mecanismos de evaluación y retroalimentación limita la capacidad institucional para ajustar y mejorar los protocolos existentes, perpetuando prácticas que no necesariamente responden a las complejidades del fenómeno. Por tanto, se plantea la necesidad de investigar en profundidad el impacto de los protocolos escolares en la reducción de casos de acoso, abuso y maltrato infantil, así como los desafíos administrativos que condicionan su operatividad y eficacia, con el fin de aportar propuestas orientadas al fortalecimiento de la protección integral en el ámbito educativo.

Marco teórico

La violencia en el ámbito escolar representa un fenómeno complejo que desafía los sistemas educativos en su misión de garantizar entornos seguros y propicios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. En este contexto, la instauración de protocolos de actuación ha emergido como una estrategia fundamental para la prevención, detección y atención de situaciones de acoso, abuso y maltrato dentro de las instituciones educativas. Navarro (2025), en su estudio sobre el impacto de dichos protocolos en el estado de Guanajuato, señala que la implementación sistemática de procedimientos claros y normativos ha permitido no solo una mayor visibilización de los casos de violencia escolar, sino también una mejora sustancial en la respuesta institucional ante los mismos. El autor destaca que los protocolos contribuyen a la consolidación de una cultura escolar basada en la protección y el respeto de los derechos de la infancia, al mismo tiempo que establecen mecanismos de seguimiento y evaluación que favorecen la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los casos. Por su parte, Arenas, Torres y Vega profundizan en la importancia de abordar la violencia escolar desde una perspectiva preventiva y multidisciplinaria, enfatizando que la eficacia de los protocolos depende en gran medida de la capacidad de las instituciones para articular acciones conjuntas entre docentes, directivos, personal administrativo y familias. Su análisis revela que la prevención y atención de la violencia escolar requiere no solo la existencia de marcos normativos, sino también la implementación de programas de formación y sensibilización que permitan a los actores educativos identificar factores de riesgo, intervenir oportunamente y promover relaciones interpersonales basadas en el respeto y la empatía. De acuerdo con estos autores, la integración de protocolos en la dinámica escolar debe entenderse como un proceso continuo y adaptativo, en el que la evaluación constante y la retroalimentación son esenciales para ajustar las estrategias y responder a los cambios en el contexto social y educativo.

En relación con el maltrato infantil, Pereira y del Río abordan la responsabilidad educativa del profesorado en la prevención y atención de esta problemática, subrayando que los docentes ocupan una posición privilegiada para detectar signos de abuso y maltrato, dada su cercanía y contacto cotidiano con los estudiantes. Los autores sostienen que la formación especializada y el acompañamiento institucional son condiciones indispensables para que el profesorado pueda ejercer su función preventiva y de atención de manera efectiva. Asimismo, señalan que la existencia de protocolos claros y accesibles facilita la toma de decisiones y la actuación responsable ante situaciones de riesgo, contribuyendo a la protección integral de los menores y al fortalecimiento de la confianza en las instituciones educativas. La literatura especializada coincide en señalar que los protocolos de actuación constituyen herramientas esenciales para la erradicación de la violencia escolar, siempre que sean acompañados por procesos de formación, sensibilización y articulación interinstitucional. La responsabilidad educativa, la participación activa de todos los actores escolares y la adaptación constante de los procedimientos son elementos clave para garantizar su eficacia y sostenibilidad en el tiempo.

La consolidación de protocolos escolares para la prevención y atención de la violencia no puede entenderse de manera aislada, sino como parte de un entramado más amplio de políticas públicas orientadas a la promoción de una cultura institucional libre de abusos. Biosca (2020) sostiene que la formulación de políticas públicas en materia de protección infantil debe trascender la mera elaboración de documentos normativos, abogando por la construcción de una cultura escolar que rechace categóricamente cualquier forma de violencia y abuso. En su análisis multidisciplinar, Biosca enfatiza que el éxito de las políticas públicas depende de la capacidad de las instituciones para internalizar valores de respeto, igualdad y dignidad, así como para generar condiciones estructurales que permitan la prevención efectiva y la atención oportuna de los casos.

En este sentido, la promoción de una cultura sin abusos requiere el compromiso sostenido de los actores educativos y la articulación de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil y las comunidades escolares. La literatura señala que la implementación de protocolos debe ir acompañada de campañas de sensibilización, formación continua y mecanismos de participación activa, que contribuyan a la transformación de las prácticas institucionales y a la consolidación de entornos seguros y protectores para los menores. Biosca advierte que, aunque los protocolos son instrumentos valiosos, su impacto está condicionado por la existencia de una cultura organizacional que favorezca la denuncia, el acompañamiento y la reparación integral de las víctimas. Por otro lado, el tratamiento jurídico del bullying y otras formas de violencia escolar constituye un componente esencial en la respuesta institucional. Oñate, Castro y Rodríguez analizan la conflictividad del bullying en el entorno escolar desde una perspectiva jurídica, señalando que la legislación vigente establece obligaciones específicas para las instituciones educativas en cuanto a la prevención, detección y sanción de conductas violentas. Los autores destacan que el marco jurídico no solo legitima la intervención escolar, sino que también delimita responsabilidades y procedimientos que deben ser observados rigurosamente en la gestión de los casos. En este contexto, la existencia de protocolos generales, como los desarrollados por el Colegio D. B. D. E. y el estado de Oaxaca, constituye una referencia normativa que orienta la actuación de los actores escolares y asegura la coherencia entre las prácticas internas y las exigencias legales.

Sin embargo, la literatura advierte sobre los riesgos de una excesiva juridización de la vida escolar, que puede derivar en la burocratización de los procesos y en la pérdida de enfoque pedagógico y humanista en la atención de los casos. La articulación entre políticas públicas, cultura institucional y tratamiento jurídico debe buscar un equilibrio que permita garantizar la protección de los derechos de los menores sin obstaculizar la construcción de relaciones educativas basadas en la confianza, el diálogo y la empatía. Se destaca la importancia de integrar los protocolos escolares en un contexto más amplio de políticas públicas, cultura institucional y tratamiento jurídico, subrayando que la eficacia de las intervenciones depende de la capacidad de las instituciones para armonizar los marcos normativos con la promoción activa de valores y prácticas protectoras. La transformación de la cultura escolar y la consolidación de entornos libres de violencia requieren una visión integral que trascienda la mera aplicación de protocolos y que incorpore el compromiso ético, político y jurídico de todos los actores involucrados.

El análisis de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar exige una mirada que reconozca la diversidad regional y las particularidades socioeconómicas y culturales que inciden en la manifestación y tratamiento de este fenómeno. Tovar Domínguez (2014), en su estudio sobre el maltrato infantil en el municipio de Huichapan, Hidalgo, subraya la importancia de contextualizar las estrategias de prevención y atención, identificando los factores estructurales y comunitarios que condicionan la eficacia de los protocolos escolares. El autor señala que, si bien la existencia de marcos normativos y procedimientos institucionales constituye un avance significativo, la realidad cotidiana de las escuelas revela desafíos persistentes en la detección temprana, la intervención oportuna y la articulación de respuestas integrales.

En este sentido, la investigación de Tovar Domínguez destaca la necesidad de fortalecer la formación del personal educativo y de promover redes de apoyo interinstitucional que permitan abordar el maltrato infantil desde una perspectiva holística y situada. El estudio evidencia que la atención efectiva de los casos requiere el reconocimiento de las dinámicas familiares, comunitarias y escolares que inciden en la vulnerabilidad de los menores, así como la implementación de mecanismos de coordinación entre los diferentes actores implicados.

Por otra parte, Miranda analiza el modelo de gestión de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo de la provincia de Cañar durante el periodo 2020-2021. Su investigación pone de relieve la importancia de contar con modelos de gestión estructurados, que incluyan protocolos claros, rutas de atención definidas y equipos multidisciplinarios capacitados para intervenir en situaciones de violencia sexual. Miranda sostiene que la eficacia de la gestión de casos depende de la existencia de una infraestructura institucional adecuada, de la formación continua del personal y de la articulación entre el sistema educativo y los servicios de protección social y judicial. El estudio resalta los avances logrados en la provincia de Cañar, pero también identifica obstáculos relacionados con la insuficiencia de recursos, la resistencia cultural y la falta de seguimiento sistemático a los casos reportados.

Finalmente, Romero et al. ofrecen una perspectiva amplia sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes en México, abordando las diferencias regionales y los retos específicos que enfrentan las instituciones educativas en distintos contextos. Los autores señalan que la violencia escolar y el maltrato infantil presentan patrones diferenciados según la región, el nivel socioeconómico y las características culturales de las comunidades. Su análisis destaca la importancia de adaptar los protocolos y modelos de intervención a las realidades locales, promoviendo la participación activa de las comunidades y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para prevenir, detectar y atender la violencia de manera efectiva. En conjunto, estos estudios evidencian que la atención de la violencia infantil y adolescente en el ámbito escolar requiere la implementación de modelos de gestión flexibles y contextualizados, capaces de responder a la diversidad de situaciones y necesidades presentes en cada región. La formación especializada del personal educativo, la articulación interinstitucional y el reconocimiento de las dinámicas comunitarias emergen como elementos fundamentales para garantizar la protección integral de los menores y la transformación de las prácticas escolares hacia entornos seguros y libres de violencia. Así, el tercer momento del marco teórico subraya la importancia de avanzar hacia modelos de gestión adaptativos y sensibles a las realidades regionales, consolidando la capacidad institucional para enfrentar los desafíos que plantea la violencia en el contexto educativo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, orientado a comprender en profundidad las dinámicas, percepciones y prácticas relacionadas con la prevención y atención de la violencia escolar en instituciones de educación primaria ubicadas en el municipio de Centro, Tabasco, México. El enfoque cualitativo se justifica por la naturaleza compleja y multidimensional del fenómeno estudiado, así como por la necesidad de explorar los significados, experiencias y discursos de los actores involucrados en el contexto específico de las escuelas primarias. La investigación se circunscribe a escuelas de nivel primaria situadas en el municipio de Centro, Tabasco, una región caracterizada por su diversidad social y cultural, así como por la presencia de desafíos particulares en materia de protección infantil y gestión escolar. La selección de este ámbito responde a la relevancia de analizar las estrategias institucionales y comunitarias implementadas en un contexto local, permitiendo identificar tanto los avances como las limitaciones en la aplicación de protocolos y políticas públicas orientadas a la erradicación de la violencia escolar. El diseño de la investigación contempla la realización de estudios de caso en diversas escuelas primarias del municipio, seleccionadas mediante un muestreo intencionado que considera criterios de representatividad geográfica, diversidad institucional y disposición para participar en el estudio. La elección de los casos busca garantizar la heterogeneidad de contextos y experiencias, favoreciendo la construcción de un análisis comparativo y profundo.

Se emplearán técnicas cualitativas de recolección de información, entre las que destacan:

· Entrevistas semiestructuradas: Dirigidas a docentes, directivos, personal administrativo y padres de familia, con el objetivo de indagar sus percepciones, experiencias y valoraciones respecto a la implementación de protocolos de actuación y la atención de casos de violencia escolar.

· Grupos focales: Integrados por estudiantes de nivel primaria, bajo condiciones de privacidad y acompañamiento profesional, para explorar sus vivencias, opiniones y propuestas en torno a la violencia y la convivencia escolar.

· Observación participante: Realizada en espacios escolares, con el fin de registrar las dinámicas cotidianas, las interacciones entre los actores y la puesta en práctica de los protocolos institucionales.

· Análisis documental: De los protocolos, informes institucionales y registros de casos de violencia escolar, a fin de identificar patrones, procedimientos y resultados obtenidos en el contexto local.

La información recolectada será analizada mediante técnicas de codificación temática y análisis de contenido, permitiendo identificar categorías emergentes, relaciones significativas y patrones discursivos. El proceso de análisis se apoyará en el uso de software especializado para investigación cualitativa, garantizando la sistematicidad y rigor en el tratamiento de los datos. La investigación respetará los principios éticos fundamentales, asegurando la confidencialidad de los participantes, el consentimiento informado y la protección de los derechos de los menores involucrados. Se establecerán protocolos de actuación ante la identificación de situaciones de riesgo, en coordinación con las autoridades educativas y de protección infantil. El alcance de la investigación se limita al análisis cualitativo de las experiencias y prácticas en escuelas primarias del municipio de Centro, Tabasco, sin pretensión de generalizar los resultados a otros contextos. No obstante, el estudio aspira a generar conocimientos relevantes que contribuyan a la mejora de las políticas y estrategias institucionales en materia de prevención y atención de la violencia escolar, así como a la construcción de entornos educativos más seguros y protectores para la infancia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los hallazgos derivados de la investigación cualitativa realizada en escuelas primarias del municipio de Centro, Tabasco, permiten identificar avances, desafíos y tensiones en la implementación de protocolos de intervención ante casos de violencia escolar, maltrato, acoso y abuso sexual infantil. La triangulación de datos obtenidos a través de entrevistas, grupos focales, observación participante y análisis documental revela la existencia de una estructura protocolaria formal en la mayoría de las instituciones, aunque persisten importantes áreas de oportunidad en su aplicación cotidiana. Uno de los resultados más significativos es la identificación de una brecha entre la existencia normativa de protocolos y su apropiación efectiva por parte de los actores escolares. Directivos y docentes reconocen la relevancia de contar con procedimientos claros para la sustanciación de quejas y denuncias, tal como lo señala Martínez (2019), quien enfatiza que el protocolo de intervención constituye una herramienta fundamental para garantizar la transparencia, la sistematicidad y la protección de los derechos de los menores involucrados en situaciones de violencia y abuso. Sin embargo, la investigación evidencia que, en la práctica, la activación y seguimiento de los protocolos depende en gran medida de la formación, sensibilización y disposición ética de los responsables institucionales. En este contexto, se destaca un hallazgo relevante relacionado con la percepción de los docentes respecto a la implementación de los protocolos. Los participantes manifestaron sentirse amenazados y señalados, especialmente ante la posibilidad de omitir algún elemento procedimental. La normativa vigente establece sanciones directas para el personal educativo que no cumpla cabalmente con los protocolos, lo que genera un ambiente de presión y vigilancia constante. Los docentes expresan que esta situación, lejos de fomentar la apropiación responsable de los procedimientos, puede derivar en actitudes defensivas y en la priorización del cumplimiento formal por encima de la atención integral y humanizada a las víctimas. La existencia de sanciones directas, aunque busca garantizar la protección de los menores, también ha provocado un clima de temor y desconfianza entre el personal escolar, quienes sienten que cualquier error u omisión puede traducirse en consecuencias administrativas o legales.

Asimismo, los resultados muestran que los estudiantes y padres de familia presentan un conocimiento limitado sobre los protocolos existentes, lo que dificulta la denuncia oportuna y la confianza en los procesos escolares. Las entrevistas revelan que el temor a represalias, la estigmatización y la falta de acompañamiento psicológico constituyen barreras importantes para la participación activa de las víctimas y sus familias. En consonancia con Martínez (2019), se observa que la eficacia del protocolo no solo radica en su diseño normativo, sino en la construcción de una cultura escolar que promueva la denuncia, la protección integral y la reparación del daño. Por otro lado, la observación participante y el análisis documental permiten identificar que, si bien los protocolos contemplan rutas de atención y procedimientos específicos para la gestión de casos, existen inconsistencias en su aplicación, derivadas de la insuficiencia de recursos, la sobrecarga laboral del personal educativo y la ausencia de equipos multidisciplinarios especializados. Martínez (2019) advierte que la intervención efectiva requiere la coordinación interinstitucional y el acompañamiento profesional, elementos que en el contexto local se encuentran aún en proceso de consolidación.

La discusión de los resultados pone de relieve la necesidad de fortalecer la formación continua de los actores escolares en materia de derechos infantiles, atención a víctimas y manejo de situaciones de violencia. La experiencia en el municipio de Centro, Tabasco, confirma que la mera existencia de protocolos no garantiza la protección efectiva de los menores, siendo indispensable avanzar hacia la apropiación cultural y ética de los mismos, así como hacia la articulación de redes de apoyo institucional y comunitario. Además, resulta fundamental revisar el enfoque punitivo de las sanciones dirigidas al personal educativo, buscando equilibrar la exigencia de responsabilidad con la provisión de acompañamiento, capacitación y soporte emocional para los docentes, de modo que puedan desempeñar su labor sin temor, pero con pleno compromiso hacia la protección infantil. En suma, los resultados de la investigación corroboran lo señalado por Martínez (2019): el protocolo de intervención representa un avance significativo en la gestión de la violencia escolar, pero su impacto depende de la capacidad institucional para traducir los lineamientos normativos en prácticas cotidianas de protección, acompañamiento y reparación. La discusión invita a reflexionar sobre la urgencia de transformar la cultura escolar y de fortalecer los mecanismos de atención, garantizando que los protocolos sean instrumentos vivos, accesibles y efectivos en la defensa de los derechos de la infancia, pero también justos y sostenibles para quienes los implementan.

CONCLUSIÓN

La presente investigación cualitativa, centrada en escuelas primarias del municipio de Centro, Tabasco, México, permite arribar a conclusiones sustantivas respecto a la implementación y vivencia de los protocolos de intervención ante conductas de violencia, maltrato, acoso escolar y abuso sexual infantil. En primer lugar, se confirma que la existencia normativa de protocolos constituye un avance relevante en la protección de los derechos de la infancia y en la gestión institucional de situaciones de riesgo. Sin embargo, los resultados evidencian que la eficacia de dichos instrumentos depende, fundamentalmente, de su apropiación ética y cultural por parte de la comunidad escolar. La brecha entre el diseño formal y la práctica cotidiana pone de manifiesto la necesidad de fortalecer procesos de formación, sensibilización y acompañamiento para todos los actores involucrados. Asimismo, se concluye que la aplicación de sanciones directas ante la omisión de elementos procedimentales genera un ambiente de presión y temor entre el personal docente, lo cual puede obstaculizar la construcción de una cultura escolar basada en la confianza, el compromiso y la protección integral. Es indispensable revisar el enfoque punitivo de la normativa, promoviendo mecanismos que equilibren la exigencia de responsabilidad con el apoyo profesional y emocional a los docentes, de modo que puedan desempeñar su labor con seguridad y ética.

Otra conclusión relevante es la limitada difusión y apropiación de los protocolos por parte de estudiantes y familias, lo que restringe la participación activa en la denuncia y atención de casos de violencia escolar. Es necesario fortalecer estrategias de comunicación, formación y acompañamiento dirigidas a la comunidad educativa, para garantizar el acceso efectivo a los mecanismos de protección y reparación. Finalmente, se destaca que la consolidación de una cultura escolar protectora exige la articulación de esfuerzos interinstitucionales, la dotación de recursos suficientes y la integración de equipos multidisciplinarios especializados. Solo así será posible que los protocolos trasciendan su dimensión normativa y se conviertan en instrumentos vivos, efectivos y justos en la defensa de los derechos de la niñez. En suma, la investigación reafirma la importancia de avanzar hacia una gestión escolar centrada en la protección, la ética y el cuidado, donde los protocolos sean herramientas de transformación y no solo de control, y donde cada actor educativo pueda contribuir, desde su rol, a la construcción de entornos seguros y dignos para la infancia.

REFERENCIAS

Arenas, S. A., Torres, A. F. G., & Vega, Y. P. Prevención y Atención de la Violencia Escolar en las Instituciones Educativas.

Biosca, S. A. (2020). Políticas Públicas y promoción de una cultura sin abusos. In Abuso y sociedad contemporánea: reflexiones multidisciplinares (pp. 283-306). Thomson Reuters Aranzadi.

DEL COLEGIO, D. B. D. E., & OAXACA, D. PROTOCOLO GENERAL.

Martínez, J. F. M. (2019). Acercamiento al protocolo de intervención para sustanciar quejas y/o denuncias por conductas de: violencia, maltrato, acoso escolar, bullyng y abuso sexual infantil. Universita Ciencia, 8(21), 49-68.

Meléndez-Reyes, V., & Nájera-Saldaña, J. A. (2024). Programas de prevención del Abuso Sexual Infantil: Revisión teórica. Ciencias administrativas teoría y praxis, 20(2), 123-138.

Miranda, M. S. V. H. P. Análisis del Modelo de Gestión de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo (periodo 2020-2021) en la provincia de Cañar.

Navarro, J. F. J. (2025). Impacto de los protocolos de actuación para erradicar la violencia en el ámbito escolar en Guanajuato. Redalyc.

Oñate, L. E. F., Castro, D. K. M., & Rodríguez, P. A. La Conflictividad del Bullying en el Entorno Escolar y su Tratamiento Jurídico Frente al. Psychology, 1(1), 451-459.

Pereira, K. D. S., & del Río, A. S. A. Maltrato Infantil: La Responsabilidad Educativa del Profesorado en la Prevención y Atención.

Romero, C. V., García, J. M. P., Noreste, R., Arzaluz, S., Noroeste, R., Román, P., ... & Anaya, C. G. La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales.

Tovar Domínguez, A. G. (2014). Maltrato infantil en el municipio de Huichapan, Hidalgo: una mirada desde el ámbito escolar (Master's thesis).

.